Con falta de claridad sobre los efectos de las decisiones que se tomen en el ámbito global, a partir de la serie de hechos, crisis y conflictos que han colocado la atención mundial en el este europeo, la región latino-caribeña está pendiente.
Sin embargo, el peso creciente de las relaciones entre regiones del mundo frente a la dimensión que implica un momento de definiciones globales como el comercio y la pandemia es un tema de balance en cuestión. En la mesa, el cumplimiento con el derecho internacional en todos sus campos, evitar nuevas guerras en cualquiera de sus formas o escalas.
Cierto es que el peso y decisiones de los organismos internacionales de los que forman parte los países es un punto principal en la definición de sus políticas, son razones para la fundamentación y recursos que se colocan a disposición ante los actuales problemas de las políticas públicas.
México y Brasil, que cuentan con un lugar no permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, han presentado una posición coincidente respecto al fondo de lo que se aborda estos días ahí. Se pronunciaron por soluciones políticas, por el cumplimiento de las resoluciones del CSONU en lo referido a Ucrania.
Pero otros asuntos también son muy importantes con respecto a la participación de los organismos internacionales. En particular, en el no retroceso en el campo del cumplimiento con los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos, recuperación y atención a la pandemia.
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Alice H. Shakelford, coordinadora residente de la Organización de las Naciones Unidas en Honduras ha confirmado la recepción de la carta de la presidenta Xiomara Castro con respecto a la creación de la Comisión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras, CICIH que ha sido dirigida al secretario general de la ONU, António Guterres.
Sin embargo, en Guatemala, que recientemente sufrió un sismo que dejó dos muertos y más de 24 mil afectados, durante la última semana, han surgido nuevas preocupaciones sobre el futuro de los esfuerzos contra la corrupción. Se ha conocido que quienes laboran en el campo de la justicia para enfrentarla enfrentan nuevos riesgos de represalias por su labor.
La atención está puesta ahora en la detención de dos auxiliares de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FECI de Guatemala. Se les acusa de abuso de autoridad y coacción de testigos. Ambas, reconocidas por su participación en el proceso que se lleva a cabo con respecto a la corrupción en el sistema judicial,
En Nicaragua, continúa la preocupación por la calidad de la protección y condiciones de vida de las personas detenidas en los procesos de justicia por causas relacionadas con la oposición al gobierno. El 18 de febrero, 27 de los 34 miembros activos de la Organización de Estados Americanos aprobaron una declaración respaldada por países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia y El Salvador al respecto.
POR GUADALUPE GONZÁLEZ CHÁVEZ
CATEDRÁTICA UNIVERSITARIA
@GUADALUPEGONZCH
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