Una duda genuina existe en grupos de ciudadanos que sienten un legítimo malestar frente a los excesos, errores y omisiones del gobierno de Andrés Manuel López Obrador: ¿conviene ir a votar en la consulta de Revocación de Mandato, a fin de lograr una mayoría que obligue al Presidente a dejar el cargo?
Para responder a la anterior pregunta hay que considerar varios elementos.
Lo primero que hay que decir es que la figura de Revocación de Mandato es en sí misma atípica, ya que no es común en los regímenes presidenciales, como el que tenemos en México.
Sólo está vigente en países con sistemas políticos nada ejemplares, como es el caso de Venezuela, Cuba, Bolivia o Ecuador. Produce incentivos perversos, ya que premia el cortoplacismo, desestimula las decisiones costosas, pero necesarias, y puede servir como impulso para potenciales dictadores.
El Ejecutivo ha promovido de forma obsesiva y tremendamente sospechosa la instauración de la Revocación de Mandato en nuestro país. No es la sociedad la que ha pedido esta consulta, sino el propio gobierno.
Desde ahí vemos que algo huele muy mal. Pareciera que se pretende utilizar su resultado como legitimación y justificación de cualquier abuso gubernamental (“el pueblo ya se pronunció”), o de cualquier intento por vulnerar la separación de poderes y la autonomía de órganos constitucionales, como el Instituto Nacional Electoral o el Banco de México.
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A pesar de que la Constitución lo prohíbe, toda la maquinaria gubernamental está volcada en apoyo del Presidente, por lo que es verdaderamente ingenuo pensar que se le puede ganar en la consulta de revocación y obligarlo a renunciar.
Pero, además, tampoco eso sería un escenario deseable. López Obrador fue electo para un período de seis años y su eventual renuncia generaría una crisis política sin precedentes en el país, así como su reemplazo por otro miembro de Morena.
La obsesión de López Obrador por mirarse al espejo cual bruja de Blancanieves y preguntarse qué tan popular es, va a costar más de mil 500 millones de pesos.
Con ese dinero se podrían construir tres hospitales de primer nivel, o tres mil 500 viviendas de interés social, o 40 escuelas para 500 alumnos, o más de 500 kilómetros de ciclovías. Se podrían instalar casi 30 mil cámaras de videovigilancia en las zonas de mayor incidencia delictiva del país, o adquirir cuatro millones de vacunas Pfizer contra el COVID-19, o reforestar 17 mil 500 hectáreas de bosque.
Así las cosas, considero que lo más conveniente es no ir a votar en la consulta de Revocación de Mandato y, de esta manera, no validar una farsa pensada más como un costosísimo acto de narcisismo y onanismo político, que como un esquema de rendición de cuentas y participación ciudadana.
POR FERNANDO RODRÍGUEZ DOVAL
POLITÓLOGO
@FERDOVAL
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La difusión institucional de la revocación de mandato
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