Expropiación petrolera y reforma eléctrica

Las empresas petroleras interpusieron un amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que fue negado; sin embargo, no acataron el laudo

Expropiación petrolera y reforma eléctrica
Manuel Rodríguez / Colaborador / Opinión El Heraldo de México

Toda gran transformación política, económica o social ha pasado por el ámbito legal, y la expropiación petrolera de 1938 no fue la excepción. Al igual que la actual Reforma Eléctrica, que libra una batalla judicial, en su momento el acto histórico que reivindicó la soberanía del Estado mexicano sobre sus recursos estratégicos pasó por los tribunales.

Hoy como en 1938, el centro del debate en torno al sector eléctrico es el capítulo económico de la Constitución, y particularmente el artículo 27, que establece la exclusividad de la nación en la planeación y el control del sistema eléctrico; así como la propiedad inalienable e imprescriptible de los hidrocarburos.

Ante esto, las empresas petroleras reclamaron a los gobiernos postrevolucionarios que sus derechos los habían adquirido previo a la Constitución de 1917; disputa que subió de tono en el gobierno de Lázaro Cárdenas. En 1937, el sindicato petrolero estalló una huelga por la negativa de las empresas extranjeras de un contrato colectivo; el gobierno exhortó a las partes negociar con la intervención de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, quien dictó su laudo en favor de los trabajadores.

Las empresas petroleras interpusieron un amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que fue negado; sin embargo, no acataron el laudo. Lo cual desembocó, en 1938, en “uno de los actos de independencia económica y política más importantes de nuestra historia”, como lo expresó recientemente el Andrés Manuel López Obrador.

La historia suele ser cíclica, en la actualidad la defensa de la rectoría del Estado sobre los sectores estratégicos vuelve a estar en el decreto por el que se reforman y adicionan disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica; cuyos efectos han sido suspendidos por un juez, argumentando que dañaría la competencia y otorgaría ventajas a la CFE.

Nada más falso, porque los privados participan con 60.6 por ciento en el mercado eléctrico mayorista; y la CFE es obligada a competir en condiciones de inequidad y desigualdad, subsidiando a las empresas; con sociedades de autoabasto que le arrebatan con prácticas de dumping 15 por ciento de clientes.

Detrás de los amparos de los privados que se niegan acatar las disposiciones de la Reforma Eléctrica se esconde ganancias estratosféricas, como los contratos onerosos de productores por los cuales la CFE tendrá que pagar 200 mil millones de dólares en los próximos 25 años.

Para dimensionar, habría que destacar que es superior a la deuda de Pemex heredada por gobiernos anteriores, la cual asciende a 113,200 millones de dólares. En estos números radica la virulencia de los privados contra la Reforma Eléctrica; pero el litigio apenas empieza y llegará hasta la SCJN, donde se harán valer los intereses de México.

POR MANUEL RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
DIPUTADO FEDERAL/ PDTE. DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA

avh


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