A tan solo 48 horas de haberse publicado en el Diario Oficial de la Federación, un juez de Distrito en Materia Administrativa concedió la suspensión provisional para todas las consecuencias derivadas del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica.
En el trasfondo de este acto legal, subyacen dos temas de gran relevancia, el primero, tiene que ver con la plena vigencia del Estado de Derecho en México, donde cualquier sujeto puede recurrir a las instancias jurisdiccionales para hacer valer sus derechos.
El juicio de amparo al que han recurrido los privados del sector eléctrico para combatir las disposiciones legislativas que han emanado del H. Congreso de la Unión, es el mecanismo angular del derecho procesal al que pueden acudir todos los gobernados, para proteger sus derechos ante cualquier acto de autoridad.
Sin embargo, estos mismos inversionistas que gozan en México de certeza jurídica y reglas claras, en otros países no acuden a los tribunales para oponerse a los cambios del marco regulatorio y la disminución de subsidios.
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Por ejemplo, las empresas de renovables que se han amparado en México para no pagar las tarifas de porteo, que se actualizaron después de una década de permanecer sin cambios; son las mismas que en Estados Unidos han acatado sin objeción alguna, la decisión del gobierno estadounidense de disminuir en los últimos años los estímulos fiscales a las inversiones solares y producción eólica.
El segundo tema, es que dicha medida cautelar solicitada solamente por Eoliatec del Pacífico -propiedad de la francesa EDF Energies Nouvelles y la japones Mitsuis-y Zuma Energía, que en 2020 fue incorporada a State Power Investment Corporation; también abarcará a todos los participantes del mercado eléctrico mayorista y demás particulares.
Sin asegurar que esto sea una estrategia jurídica concertada, lo que si queda muy claro es que compañías como Iberdrola, que vende a la CFE la energía más cara del mercado a un precio de 2.7 pesos por kilowatt, y recibe el pago del 100 por ciento de su capacidad a pesar de que no genere el 100 por ciento de energía, continuará gozando del subsidio a sus contratos por más de 134 mil millones de pesos, que tan solo en tarifas de transmisión es subsidiado por 2,600 millones de dólares.
Es momento que los Poderes del Estado, sobre todo el Judicial, desde sus respectivos ámbitos de competencia, sumen esfuerzos para que en el marco del Estado de Derecho y haciendo prevalecer el interés general, procuren la ejecución de las disposiciones de orden público e interés social contenidas en el Decreto por el que se reforma la Ley de la Industria Eléctrica; aprobado por el Poder Legislativo, como la máxima expresión de la voluntad popular, y expedida por el Ejecutivo Federal para su observancia.
POR MANUEL RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
DIPUTADO FEDERAL/ PDTE. DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA
avh