El fondo del debate sobre la reciente reforma eléctrica se circunscribe a las esferas del Estado y mercado, entre lo público y privado, que en sus respectivas visiones el carácter de la política cobra una especial relevancia, de acuerdo con Maurice Duverger, donde para unos es dominación y adquisición de ventajas “para otros la política es un esfuerzo por hacer reinar el orden y la justicia, siendo la misión del poder asegurar el interés general y el bien común.”
Bajo este último criterio, el Estado mexicano, además de regular el mercado eléctrico nacional para acabar con distorsiones y privilegios; a través de la CFE también garantiza el suministro eléctrico de manera confiable, continua y segura, como asunto de seguridad energética y Seguridad Nacional.
Mientras que un segmento empresarial percibe al Sistema Eléctrico Nacional únicamente como un negocio que vale trillones de pesos y como una fuente de subsidios, que le ha costada a la CFE en los últimos tres años 471,606 millones de pesos.
Cuando el Estado carece de mecanismos eficaces de regulación y es capturado por intereses empresariales o de consumidores, se hace a un lado el interés general; como el caso de las condiciones impuestas por la Reforma Energética, que al generar una sobre oferta de permisos a los privados, impuso el lucro sobre la planeación para satisfacer las necesidades reales del país.
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Como consecuencia, actualmente tenemos una oferta disponible de 86,034 megavatios (MW), ante una demanda máxima histórica de 47,000 MW. Provocando un desbalance de generación; mientras que en las penínsulas de Baja California y Yucatán se carece de infraestructura eléctrica; provocaron una sobre oferta de plantas eólicas en entidades como Nuevo León y Tamaulipas, y de plantas solares en Sinaloa y Sonora.
Estas tecnologías intermitentes, hacen necesario el respaldo de otras zonas y requieren de inversiones en la red para tolerar su interconexión, todo a cuenta de la CFE y el consumidor final, al registrarse un aumento en las tarifas de 21.4 por ciento de 2012 a 2018.
De no detener el curso de las actuales circunstancias, entre 2016 y 2030 se tenía contemplado reducir la capacidad de generación de la CFE en 15,000 MW; bajo el pretexto de obsolescencia y baja productividad, para condenarla solamente a la transmisión y distribución, mientras los privados acapararían y monopolizarían la generación.
En esto radica la importancia de la aprobación por parte de LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, al devolverle al Estado mexicano sus facultades rectoras del sector, para contrarrestar los criterios de exenciones y privilegio en el mercado eléctrico nacional, haciendo imperar el interés general, para que con equidad y piso parejo los actores públicos y privados tengan que colaborar de manera recíproca para garantizar tarifas bajas a los consumidores.
POR MANUEL RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
DIPUTADO FEDERAL/ PDTE. DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA
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