Diputadas federales del PRI, presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores por el delito de violencia política de género, luego de que la mandataria estatal aseguró tener fotografías con contenido sexual que presuntamente legisladoras enviaron al dirigente nacional del partido, Alejandro Moreno.
En conferencia de prensa, aseguraron que no permitirán que este hecho quede impune y adelantaron que, entre las acciones legales que interpondrán también está la presentación de quejas ante las 32 comisiones estatales de derechos humanos del país, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); en el Instituto Nacional Electoral (INE), en los parlamentos del mundo y ante organismos internacionales.
“El pasado 5 de julio, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores realizó insinuaciones que constituyen una acto de violencia política de género en contra de las diputadas federales del PRI, de las mujeres del PRI, toda vez que representan ataques hacia su persona por ser mujeres, teniendo como trasfondo la descalificación y cuestionar sus capacidades para ganar por mérito propio el cargo que hoy ejercen de manera digna, de manera responsable”, señaló el dirigente priista.
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En este contexto, señaló que la gobernadora abusa de su poder como gobernadora de la referida entidad, desde, donde se siente intocable, pero advirtió que llegarán hasta las últimas consecuencias para que se finquen las responsabilidades en contra de la mandataria estatal.
“La gobernadora miente categóricamente y lo único que hace con sus mentiras es alimentar el discurso de odio, de violencia en contra de las de las diputadas del PRI, desde una posición que se siente intocable, la gobernadora incurre en un delito federal grave, en una práctica reprobable desde cualquier punto de vista, sus dichos, lo que ha señalado no tiene calificativo, es inadmisible, es imperdonable es vil”, recalcó “Alito”.
En tanto, las diputadas federales del PRI, condenaron los dichos de Sansores quien en su ya tradicional programa “Martes del Jaguar” señaló que tiene en su poder fotografías que diputadas federales le enviaron desnudas al dirigente presuntamente para obtener favores.
“Es muy lamentable que se destroce la imagen de una mujer o un grupo de mujeres por asuntos políticos, pero es más lamentable que haya venido de una mujer cuya función como gobernadora y figura pública debería ser entre otras defender los derechos de las propias mujeres”, señaló la diputada Melissa Vargas.
Se une el PRD
El PRD en la Cámara de Diputados, se solidarizó con las legisladoras federales del PRI, y criticó la violencia política y digital de la cual acusan a la gobernadora de Campeche.
Señalaron que la sororidad y la intimidad de las legisladoras se han puesto en riesgo con los señalamientos de la mandataria estatal que dijo tener imágenes que las comprometen, y las cuales incluso podrían incurrir en un delito.
El contar con estas fotografías pone en peligro a las diputadas y las coloca en el reflector social y político dando pie a que muchas de ellas sean juzgadas y exhibidas, lo que les ocasiona un grave daño al honor y un atentando a su derecho al resguardo de su intimidad, aseguró el partido.
Expusieron que sobre todo, representa una conducta clara de “violencia política” por lo que el caso podría terminar en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, a cargo del Instituto Nacional Electoral, en el cual se encuentra cualquier persona que es sancionada por ejercer violencia política conducta que se agrava cuando dicha violencia la cometan personas servidoras públicas, como lo señala el acuerdo INE/CG269/2020.
“Es un ataque frontal primero que nada, a esta sororidad; pero también una manifestación clara de una conducta que el día de hoy ya está tipificada a nivel nacional y en muchos estados de la República (incluido Campeche cuyo Código Penal fue reformado en 2020 para adecuarse a la Ley Olimpia), como “violencia digital”, “violencia mediática”, “violencia a la intimidad sexual”, “violencia política en razón de género” y “apología del delito””, señalaron.
Expusieron que la mandataria estatal, quien incurriría en algún delito con agravantes, podría ser incluso sancionada con la destitución de su cargo.
“Si la persona fuera servidora o servidor público se procederá a la destitución de su empleo, cargo o comisión y la inhabilitación de cinco a diez años para desempeño en el mismo orden”.
Los perredistas indicaron que las manifestaciones públicas realizadas en vivo a través de una plataforma mediática desde el gobierno del estado de Campeche en el programa: “Martes del Jaguar”, dejan claro que la garantía de los derechos humanos de las mujeres no está en mente de la mandataria pues, a todas luces, lo dicho por ella es una amenaza velada sobre las fotografías que tiene en su poder de manera ilegal.
Calificaron a esta acción de misógina y violenta hacia las mujeres diputadas del PRI, evidenciando que la perspectiva de género y los derechos humanos de las mujeres no está en el actuar de la gobernadora.
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