EL TIEMPO ES relativo porque no corre igual para todos y lo cierto es que Grupo Pochteca tuvo que esperar dos años y medio para que fuera eliminado de la Lista de Personas Bloqueadas por la UIF.
Desde el otoño de 2021, en tiempos de Santiago Nieto, la cuestionada Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) restringió el uso de sus cuentas bajo la sospecha de que la compañía vendía ilegalmente precursores químicos.
Pochteca es proveedor de unas 80 materias primas para industrias como la automotriz, confitería, construcción, electrónica, textil, vidrio, pintura, farmacéutica, imprenta, cosméticos, alimentos y muchas más.
Un mes después de que el 15 Tribunal Colegiado en Materia Administrativa determinara como inconstitucional la permanencia de Pochteca Materias Primas (PMP) en la lista, la UIF la retiró.
La instancia que hoy dirige Pablo Gómez ha sido señalada a lo largo del sexenio como una que actúa de manera más facciosa que objetiva y cuya credibilidad socialmente se ha mantenido en entredicho.
El Tribunal en cuestión resolvió en su sentencia de amparo y de manera terminal e inapelable que debía de eliminarse de la lista a PMP e instruyó a la Unidad de Inteligencia Financiera para hacerlo de inmediato.
La empresa de Armando Santacruz recuperó ya el acceso pleno a los servicios bancarios y productos financieros. Caso concluido, pues. Sin embargo queda en el aire una pregunta.
¿Por qué se le hizo eterno a la opinión pública el tiempo que pasó para que esta historia se resolviera? La respuesta es más simple de lo que parece. A manera de recuento:
PMP fue incluida en la “lista negra” que es confidencial por una filtración periodística, como tantas que hemos visto, lo que le generó en su momento gran presión.
Ahora que el asunto ha terminado, se sabe que la decisión de Grupo Pochteca fue concentrarse en litigar en tribunales y no en los medios de comunicación.
Y cabe subrayar aquí que desde un inicio, la propia UIF permitió a Pochteca la utilización de todas sus cuentas bancarias, eso sí, sin removerla de dicha lista y sin presentar denuncia alguna en su contra.
O sea: si se hubiera respetado la confidencialidad de la lista jamás nos habríamos enterado de que PMP habría enfrentado este litigio exclusivamente de naturaleza administrativa.
Ahora, frente a la lentitud que representó el trámite del juicio de nulidad administrativa iniciado en febrero de 2022, y que pasó a sentencia en noviembre de 2023, PMP solicitó a la UIF la eliminación de la lista.
Pero los pupilos de Gómez se negaron a hacerlo y PMP demandó el amparo del Poder Judicial de la Federación, por cierto hoy en peligro de extinción.
Y es este amparo el que le fue concedido de fondo hace algunas semanas. Especialistas dicen que los tiempos que tomó este asunto en resolverse pueden considerarse normales para este tipo de litigios.
La estrategia de comunicación de PMP pudo haber parecido arriesgada para algunos, aunque al final el balance es positivo.
Más allá de pronunciamientos públicos, esperaron con paciencia las resoluciones y fueron dando información uno a uno a bancos, clientes y proveedores, prefiriendo que las sentencias dijeran la última palabra y evitando confrontaciones innecesarias con la autoridad.
Como están las cosas hoy en México, resalta que haya empresas que mantengan litigios en tribunales, no polaricen, ni politicen, ni mediaticen sus juicios y esperen con estoicismo el veredicto final.
Ahora sí, sentencia en mano, Pochteca se apresta a reconstruir y mantener la reputación que como líder en su ramo han construido a lo largo de los últimos 34 años, muchos años más de lo que duró este juicio.
TRAS LAS REVELACIONES de la actual canciller Alicia Bárcena, sobre la operación de la cantera de piedra caliza Calica, propiedad de Vulcan Materials, surgieron otras voces que siguen señalando que el daño medioambiental del Tren Maya no es comparable con el que pudo ocasionar la compañía estadounidense en Playa del Carmen. José Urbina, buzo de cuevas e integrante del colectivo Sélvame del Tren, señaló que sobrepasa por mucho la operación que ha tenido Calica en la zona. De acuerdo con el especialista, en el tramo Cancún-Tulum se han afectado más de mil 100 hectáreas de deforestación, si se le agregan el resto de los tramos, el área total de devastación supera las 2 mil 400 hectáreas. Además, acusó de que la Secretaría del Medio Ambiente, aún a cargo de María Luis Albores, autorizó una gran cantidad de canteras a cielo abierto sin ningún tipo de medidas de remediación. Aún cuando en la dependencia tienen listo el Decreto de Área Natural, en la ecuación de la actual y próxima secretaria no perderán de vista que la semana pasada el Presidente de la Subcomisión de Asignaciones Presupuestales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mario Díaz-Balart, congresista republicano por Florida, hizo un llamado sobre el riesgo que existe para la propiedad privada y las inversiones de compañías de aquel país en México, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador actuó en contra de Vulcan Materials, una de las empresas que se considera estratégica para la economía e infraestructura de los Estados Unidos. Díaz-Balart es conocido por ser un firme defensor de la prosperidad de las inversiones en otros países del mundo, así como de los derechos y libertades.
JAVIER EMILIO HIRSCHFELD Mereles, el accionista mayoritario de Promotora Higa, la cual construía el Residencial Alpes II, ubicado en rumbos del Ajusco, fue aprehendido hace un par de días por haber cometido un presunto fraude en perjuicio de uno de sus principales acreedores. Elementos de la policía de investigación capitalina ejecutaron una orden de aprehensión en su contra, la cual libró un Juez de la CDMX por hechos con apariencia de un fraude, ya que el imputado destinaba cantidades de los montos dispuestos a diversos asuntos distintos a los de la construcción, dejando varados en el camino entre otros, al denunciante y a otros compradores en dicho desarrollo. Se presume que utilizó durante el periodo de construcción factureras o fachada para dispersar algunos de los ingresos recibidos de tiempo en tiempo. Por su parte, el desarrollo residencial se encuentra en el abandono desde finales del 2022. Higa fue declarada en concurso mercantil en mayo del año pasado y aún no resuelve su situación. Como acreedores tiene a bancos, inversionistas privados, acreedores varios y a los propios compradores de departamentos del Residencial Alpes II. Se sabe que el conciliador, Cuauhtémoc Hernández Nahle, solicitó prórroga al término de la conciliación, sin que a la fecha y desde el inicio del concurso mercantil haya presentado una sola propuesta de convenio con los acreedores, por lo que se prevé una quiebra inminente de Promotora Higa.
POR DARÍO CELIS ESTRADA
COLABORADOR
@DARIOCELISE
PAL