El Estado mexicano tiene el deber de garantizar el derecho a aprender de las niñas, niños y adolescentes (NNA), de promover lo que en Mexicanos Primero llamamos la triple inclusión: que las NNA estén, aprendan y participen en las escuelas. Sin embargo, este compromiso va más allá de una mera declaración de principios: debe traducirse en la asignación de recursos suficientes y adecuados para asegurar que este derecho sea una realidad material para todos y todas, sin discriminación ni exclusiones.
Un aspecto fundamental para evaluar la efectividad del gasto educativo es su suficiencia. ¿Estamos asignando los recursos necesarios para garantizar la disponibilidad y accesibilidad de los servicios educativos? La Ley General de Educación establece que el financiamiento a la educación pública no puede ser menor a 8% del Producto Interno Bruto (PIB). Sin embargo, los datos muestran una tendencia preocupante: el gasto federal en educación ha experimentado un deterioro constante desde 2007.
Mientras que ese año se gastó el equivalente al 3.4% del PIB, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el gasto autorizado para 2024 equivale a sólo 2.9% del PIB, es decir, 14% menos recursos que se notan en las 56 mil escuelas que aún no tienen agua y las 26 mil que aún no tienen luz. Es vergonzoso que un país con nuestros recursos no haya llevado agua entubada a todas sus primarias a estas alturas del milenio.
Gastamos poco en comparación con otros países (en América gastan más en proporción Cuba, Costa Rica, Canadá, Bolivia, Venezuela, Brasil, Argentina, Chile, Estados Unidos y Ecuador), gastamos menos que lo recomendado, por ejemplo, por el Banco Interamericano de Desarrollo, el que sugiere gastar entre 4% y 6% del PIB y es claro que no alcanza con lo que gastamos para tener cubierto al menos lo básico, pero, ¿cómo gastamos?
Otro aspecto fundamental del gasto en educación es a qué lo destinamos. Aquí la pregunta es: ¿estamos invirtiendo en rubros que ayudan a mejorar o sostener la calidad de la educación que se imparte? Los indicadores muestran que no gastamos en aquello que mejora la experiencia de estudiantes y docentes y que permite mayor aprendizaje y que, cuando gastamos en lo adecuado, no se aprecian los resultados.
Tres ejemplos.
Uno. En lo que va de esta administración federal, se ha invertido menos de la sexta parte de lo que se invirtió en la administración pasada en formación continua para las y los maestros, lo que equivale a 96 pesos por maestro al año.
Dos. En el rubro “acompañamiento y cumplimiento de programas de estudio”, recursos que sirven para apoyar a las y los docentes en el aula y promover la innovación educativa, esta administración invirtió solamente la quinta parte que la pasada. Esto es preocupante debido a que esta inversión es especialmente relevante cuando se hace un nuevo plan de estudios, como es el caso de la Nueva Escuela Mexicana (NEM).
Tres. En el tema de infraestructura escolar, la cifras que reporta la SHCP nos hablan de que las dos últimas administraciones han invertido en infraestructura como nunca antes, más de 25 mil millones de pesos en 2015, 2016, 2023 y 2024. Y, sin embargo, estos recursos no se reflejan en las escuelas o las carencias aún son tan grandes que el dinero se acaba antes de que las más de 40 mil escuelas que no tienen lavamanos los compren.
Entonces, pues lo dicho: gastamos poco e invertimos mal.
Mexicanos Primero tenemos más de una década de señalar el malgasto recurrente y seguiremos señalándolo hasta que, por lo menos, lo básico esté garantizado. En 2024, nuestra intención es que quien ocupe los puestos de elección popular que se renovarán en las elecciones, especialmente la presidencia de la República, tenga en mente que resolver esta injusticia generacional es impostergable y que debe ser prioridad de todos los gobiernos. Es cuánto y es cómo.
Por Antonio Villalpando
Investigador en Mexicanos Primero
@avillalpandoa
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