El gasto en educación se puede definir como aquellos recursos que se destinan a instituciones educativas, administración educativa y subsidios dirigidos a estudiantes a lo largo de un año. En México, la cantidad que se destina a la educación es determinada cada año mediante el Presupuesto de Egresos de Federación, que es aprobado en la Cámara de Diputados.
Existen diversos enfoques y formas de medir el gasto educativo. Pero los datos que encontramos para México son alarmantes. De acuerdo con la información más recientes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), publicada en el estudio Education at a Glance (o Panorama de la Educación), México es el país miembro que menos gasto total realiza por estudiante de educación media superior.
De acuerdo con este mismo estudio, en 2020, los países de la OCDE gastaron en promedio el 5.1% de su Producto Interno Bruto (PIB) en educación básica, media superior y superior. En México, el porcentaje del PIB asignado al apoyo de los tres niveles educativos, estuvo por debajo del promedio, destinando únicamente 4.5% del PIB. El nivel educativo más afectado fue la Educación Media Superior, ya que solo recibió un 17% de este gasto.
Otra forma de medir los recursos destinados a educación, es utilizando el gasto público por estudiante. Los recursos que cada país destinan a educación dependen en gran medida de los niveles de ingresos de los países. Los países con un PIB per cápita más alto tienden a gastar más por estudiante que aquellos con un PIB per cápita más bajo. En todos los niveles, México gasta casi un tercio del promedio de gasto del resto de los países de la OCDE.
En Mexicanos Primero, hemos realizado un análisis del gasto por estudiante para identificar si el presupuesto federal del Ramo 33 es suficiente para atender las necesidades de cada estado de acuerdo a su respectiva matrícula de estudiantes. El principal hallazgo de este análisis es que el gasto no responde a criterios de equidad. Las brechas entre entidades federativas, ocasionan que las necesidades educativas no se atiendan de la misma forma, pues, mientras Baja California Sur (el estado con mayor inversión) recibe 46,094 pesos por estudiante, estados como Puebla, Chiapas, Guanajuato, Yucatán y Tabasco reciben menos de la mitad. Y las entidades con mayor número de estudiantes como Nuevo León, Estado de México y Jalisco son los más castigados en la repartición de recursos. Los estudiantes en México no tienen el mismo valor.
Esta distribución inequitativa, provoca que la educación pública se vea limitada para igualar oportunidades para los hogares con condiciones socioeconómicas más bajas. Esto también pone una mayor presión a las entidades federativas, que generalmente tienen recursos propios limitados para atenderlas las necesidades de su población. En nuestro análisis, hemos encontrado que, cuando el gasto educativo federalizado es bajo, las entidades con mayor recaudación y PIB per cápita son capaces de reforzar el gasto en una proporción relevante.
Sin embargo, entidades con menores recursos propios no pueden hacer el mismo esfuerzo, la desigualdad continúa y las brechas en el presupuesto por estudiante se hacen más evidentes. No podemos permitir que la inequidad persista y que las oportunidades educativas de las niñas, niños y adolescentes de México se vean limitadas por las decisiones discrecionales en materia de gasto, que nuestras autoridades realizan año con año.
POR TERESA GUTIÉRREZ
COORDINADORA ESPECIALISTA DEL ÁREA DE PROYECTOS ESPECIALES
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