Canadá y Estados Unidos comparten rasgos culturales y una visión muy cercana en la mayoría de los temas; lo que acontece al sur de su frontera tiene un impacto en la opinión pública canadiense. Sin embargo, en el tema del control de armas de fuego, las políticas actuales y el sistema jurídico canadiense distan de la tradición de su vecino.
En Canadá no existe un derecho constitucional que ampare la posesión de armas, algo que se considera un privilegio y por ende puede ser restringido según la posición que adopte el gobierno en turno.
Desde el inicio del mandato del primer ministro Justin Trudeau, su agenda progresista ha incluido medidas para endurecer el registro y la portación de armas, verificación de antecedentes, prohibición de comercialización de rifles de asalto, entre otras. Recientemente, el gobierno liberal presentó una iniciativa de ley que prevé la suspensión nacional de la importación, compra, venta o transferencia de armas cortas, así como el incremento en las penalidades por su tráfico.
De acuerdo con las encuestas, dos terceras partes de los canadienses favorecen un control estricto de las armas de fuego y se espera que la iniciativa sea aprobada en el Parlamento, donde deberá ser analizada en la Cámara de los Comunes, en la que existen amplias coincidencias entre suficientes partidos para lograr un voto mayoritario, y en el Senado, donde si bien la composición política es más plural, la tendencia es actuar con cierta deferencia a lo que aprueba la Cámara, por ser un órgano de elección popular.
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Canadá no ha estado exento de masacres, la más reciente fue en Nueva Escocia, en abril de 2020, en la que un hombre disfrazado de policía ocasionó la muerte a veintidós personas. Ese lamentable evento, sumado a lo acontecido recientemente en Uvalde y Búfalo, han tenido resonancia en el país y han reavivado un debate que se mantiene latente en la sociedad.
Este debate no se limita a la restricción de ciertas armas, sino a una reafirmación de sus valores: Canadá no es Estados Unidos y no puede permitir que la realidad que vive su vecino eche raíz en su sociedad. Por ello, no es casualidad que el enfoque del último anuncio del primer ministro se centre en el problema que ocasiona el tráfico de armas desde los Estados Unidos, país que, por ejemplo, representa la fuente del 85% de las armas cortas decomisadas por la policía local en Toronto.
La iniciativa anunciada también busca visibilizar el impacto negativo de la proliferación de armas pequeñas en la violencia por razón de género, al crear el concepto de “bandera roja” con el cual se permitirá a los tribunales exigir que las personas consideradas un peligro entreguen sus armas a las fuerzas del orden.
Si bien Canadá es un país seguro, en los últimos años ha habido un aumento sostenido en los delitos cometidos con armas de fuego, de ahí la necesidad de tomar medidas para atajar esta tendencia. De ser aprobada la iniciativa presentada, el tema pendiente para Canadá será la implementación de un programa de recompra de los rifles de asalto que aún circulan en el país.
Como es sabido, México se encuentra inmerso en un esfuerzo legal que intenta frenar el flagelo del tráfico de armas por medio de la demanda a las empresas productoras de armas que, mediante prácticas negligentes, venden directa o indirectamente sus productos a grupos delictivos que los trafican de manera indiscriminada con consecuencias devastadoras para nuestras sociedades.
La demanda presentada por México ha marcado un hito en la búsqueda de soluciones al problema del tráfico ilícito de armas y el enorme daño que causa entre la población civil en Norteamérica; bajo esa misma lógica, se suman ahora las medidas que Canadá busca implementar en su territorio, ya que es innegable que mexicanos, canadienses y estadunidenses viviremos más seguros con menos armas en las calles.
POR CRISTINA OROPEZA, ALFONSO VERA Y OSCAR MORA
EMBAJADA DE MÉXICO EN CANADÁ
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