Si el Estado moderno tiene como característica principal el monopolio legítimo de la violencia, el Estado mexicano ha dejado de serlo en amplias regiones del territorio nacional. Desde el desmoronamiento del presidencialismo absoluto al finalizar el sexenio de Salinas y hasta la fecha, la imposibilidad de encontrar una fórmula acertada para mantener al crimen organizado alejado del poder político ha sido una constante.
Ya no es únicamente el hecho de que sean amos y señores de las rutas por donde envían sus dañinas mercancías al mercado de drogas más grande del mundo, sino que en su proceso de crecimiento económico han logrado ocupar además espacios políticos de gran importancia en estados como Michoacán, Sinaloa, Zacatecas, Guerrero, Tamaulipas y otros más, lo que los convierte de facto en dirigentes de “estados autónomos” capaces de disputarse el territorio físico con las Fuerzas Armadas nacionales, y por supuesto, el espacio político con los partidos y sus candidatos.
Cuando Lázaro Cárdenas Batel, entonces gobernador de Michoacán, solicitó la presencia del ejército al presidente Felipe Calderón con el fin de contener el avance del narco en su entidad, se inició una confrontación directa entre el Estado y los grupos armados del crimen organizado que incrementó de manera significativa el número de fallecidos por esta estrategia. Esto se extendió a buena parte del país, y si bien redujo el potencial de los narcos, no eliminó su capacidad de reconstrucción y readaptación a la nueva realidad.
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La propuesta lópezobradorista de impulsar un modelo radicalmente opuesto al de Calderón, o sea una especie de “Pax Narca”, ha provocado no solo un incremento de la fuerza política y militar de estos criminales, sino su empoderamiento como uno o varios Estados paralelos a lo largo y ancho del país, aumentando de manera importante su potencial militar, cooptando cada vez a mayores grupos sociales y generando una violencia propia de aquel que, sabiéndose intocable lo puede todo contra sus competidores y contra el gobierno mismo.
Vivimos hoy una realidad de Estados paralelos que conviven dejando a la deriva a una población indefensa y sin protección alguna. Cada vez resulta más difícil moverse libremente por el territorio nacional y México se fragmenta en partes controladas por diversos grupos que imponen su ley con terror y a través del saqueo de la renta que les proporciona el tráfico de mercancía ilegal, el chantaje y la extracción de recursos sobre la población que controlan.
López Obrador renunció a su obligación de proteger a los ciudadanos, y pierde día con día territorio sobre el cual gobernar.
POR EZRA SHABOT
EZSHABOT@YAHOO.COM.MX
@EZSHABOT
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