En paralelo avanzan dos procesos de consulta, una popular y otra judicial, de gran relevancia no por sus virtudes, sino por los efectos que tendrán para nuestra democracia. Y digo que no son virtuosas, porque de entrada ninguna de las dos debería prosperar.
La consulta sobre el “juicio a los expresidentes” a efectuarse el 1 de agosto es un despropósito doble porque (1) la investigación de delitos y la impartición de justicia no son materia de votación popular, y (2) sea positivo o negativo el resultado de la consulta, no tendrá consecuencias jurídicas. Por lo que hace a la consulta sobre la extensión del mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia (artículo 13 transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial), la inconstitucionalidad de legislar para una persona en lo individual es tan evidente que el ministro Zaldívar, beneficiario directo de la disposición, debió haberla rechazado desde el inicio y no turnar la decisión a sus pares. La ruta de estos ejercicios tiene obstáculos.
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En el caso de la consulta popular, se ve difícil alcanzar el umbral de participación necesaria para que sea vinculante, que es de 40% de la lista nominal. Como dato, en la elección intermedia de junio la abstención fue casi la mitad del electorado. En el caso de la consulta de la Corte, no sabemos aún el sentido del voto del pleno, pero cabe esperar que el proyecto turnado al ministro Fernando Franco González Salas sea en sentido negativo.
Franco votó en contra de la extensión del periodo de los magistrados del Tribunal Electoral en 2016 y también fue el redactor de la sentencia que declaró inconstitucional la reforma que pretendía extender el mandato del gobernador de Baja California de dos a cinco años. Además, el propio ministro concluirá su periodo en diciembre próximo por lo que esta sentencia será parte de su legado.
Por otro lado, está el antecedente del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien enfrentó hace años un dilema semejante con un desenlace muy distinto. En 2003 cuando fungía como presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, fue propuesto para prorrogar su mandato mediante una reforma legal que el propio González Alcántara rechazó de manera contundente, lo cual le valió el reconocimiento de sus pares.
El impacto negativo de estos procesos paralelos se dará un por torcer la democracia participativa y desvirtuar el mecanismo de la consulta. En el primer caso, porque la participación ciudadana es un pretexto demagógico. La aplicación de la ley no puede sujetarse a la opinión pública. En el segundo, porque los ministros quedarán sometidos o enfrentados con el presidente de la República, comprometiendo su independencia.
Al final ambos ejercicios pretenden trasladar a terceros (ciudadanos o ministros) decisiones que no les corresponden y evadir la responsabilidad personal de los presidentes de la Corte y del país.
POR VERÓNICA ORTIZ
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