El pasado 1 de julio se cumplió el primer aniversario de la nueva era del Tratado de Libre Comercio entre México, EU y Canadá (T-MEC), en el que se incluyó un amplio capítulo en materia de justicia laboral; sin embargo, nuestro país está muy lejos de cumplir con los compromisos que surgieron y le impusieron en las negociaciones.
Es un tema que se suma a la larga lista de pendientes del gobierno de López Obrador y, por lo que se ve, está muy lejos de materializarse, con implicaciones negativas para su relación con los socios del norte, pero, sobre todo, para la clase trabajadora mexicana.
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A saber: existe rezago en la implementación de la reforma laboral que incluye la creación y operación de los nuevos órganos encargados de procurar justicia laboral y vigilar las reglas de negociación colectiva y democracia sindical.
La Secretaría del Trabajo no ha terminado su implementación ni ha sabido comunicar todo lo que involucra.
Para muestra un botón: el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), que encabeza Alfredo Domínguez Marrufo, lleva legitimados mil 321 contratos colectivos de trabajo, de un universo de 580 mil.
Este organismo y la STPS están enfocados en las grandes empresas, tratando de explicar en qué consisten los cambios, dejando a su suerte a millones de mexicanos.
No tienen información sobre democracia sindical. Acuden a elecciones acarreados por líderes charros que son quienes organizan sus propios eventos “democráticos”, tanto en la iniciativa privada como en organismos gubernamentales.
La 4T no le ha dado al clavo: mejorar las condiciones laborales. Los trabajadores son utilizados como un instrumento para beneficiar a grandes firmas, dejando de lado a pequeñas y medianas empresas, que agonizan por la crisis derivada de la pandemia.
Por ejemplo, en aras de cumplir con la bola de compromisos, el gobierno de AMLO presionó al Congreso para legislar la subcontratación (outsourcing), obligando a miles de empresas a hacer malabares para registrar ahora servicios especializados y, con esa justificación, echan a la calle a miles de trabajadores.
Total, el gobierno no da una. Por el contrario, ahora tiene que ir a un panel internacional para responder a reclamos de EU por dos casos de violaciones laborales: el de la planta de General Motors, en Guanajuato, y el de Tridonex, en Tamaulipas, a cuya misión enviarán al flamante jefe de la Unidad de Política Laboral de la STPS, Alejandro Encinas Nájera, hijo del subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas.
Mientras tanto, un elefante burocrático en la STPS y en el Centro Federal de Conciliación hace poco para implementar algo que les fue impuesto desde el extranjero y para lo que no están preparados ni técnica ni presupuestalmente.
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Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “Las burocracias no toleran el disenso, la unanimidad conduce más rápidamente al estancamiento.”
POR ALFREDO GONZÁLEZ CASTRO
ALFREDO.GONZALEZ@ELHERALDODEMEXICO.COM
@ALFREDOLEZ
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