La falta de medicamentos provocó una de las peores crisis en el gobierno de López Obrador y, aunque esta semana se dará a conocer la estrategia para reparar el daño, alguien tiene que rendir cuentas por dejar en manos de la ONU las compras consolidadas de fármacos, material de curación y vacunas, sin tener un ápice de experiencia.
Las y los funcionarios responsables no sólo deberían estar cesados del cargo, sino ser sometidos a una investigación por poner en riesgo a miles de mexicanos que sufrieron un deterioro grave en su salud o hasta perdieron la vida por la falta de sus tratamientos, durante un largo periodo de tiempo.
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Hay motivos para llamar a cuentas al o los “genios” que tuvieron la brillante idea de entregar a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), una tarea que nunca había realizado, y lo poco que intentó estuvo plagado de irregularidades.
Mis colegas Lemic Madrid y Gerardo Suárez dieron cuenta de eso en la edición del viernes pasado en El Heraldo de México. Documentaron la forma en la que la UNOPS contrató a empresas sancionadas por el gobierno de México.
De las 100 firmas que recibieron contratos para la compra consolidada de medicamentos, varias fueron multadas e inhabilitadas y, otras, hasta sancionadas por el gobierno de Estados Unidos.
Entre ellas se encuentran Takeda, Evolution Proces, Protein, Baxter, DL Medica y Ely Lilly.
Muchos podrían decir que son pocas; sin embargo, lo peor no es eso. El problema radica en que las otras compañías que, supuestamente, están limpias, tampoco han atendido el desabasto, lo que evidencia que nadie en la ONU y la 4T sabe cómo hacerlo.
Por esa razón, el gobierno prepara un cambio en la estrategia, que incluye la compra y distribución con viejos conocidos; es decir, con firmas que vilipendiaban públicamente. El problema, no obstante, se torna más complicado porque esas empresas, a las que quiere recurrir el gobierno y todos los organismos de salud, como el IMSS, ISSSTE, Insabi, Secretaría de Salud federal y las de los estados, también están inhabilitadas y sancionadas.
El 20 de marzo de 2019, el gobierno vetó a PiSa (Dimesa), Grufesa y Maypo, mientras que la Función Pública inició una persecución e incluyó a otras firmas.
Entre julio de 2019 y finales de 2020, Grufesa, Lomedic, PiSa, Dimesa y Maypo, fueron sancionadas con la inhabilitación para hacer negocios con el gobierno, hasta multas por diversas irregularidades, sobre todo por truquear información para participar en licitaciones.
Por donde se le vea, el gobierno hoy está atado de manos y tendrá que recular de algún modo, con muy pocas posibilidades para enderezar el rumbo.
Una de ellas es disolver el trato que hizo con la UNOPS, y, la otra, regresar la distribución y venta a las grandes farmacéuticas que persiguió públicamente, porque, lamentablemente, son las únicas que saben hacer lo que no han hecho ni los cascos azules de la ONU.
Sobre los responsables del desatino que tiene al gobierno de cabeza, todos voltean a ver al titular de Salud, Jorge Alcocer; al subsecretario, Hugo López-Gatell; al director del Insabi, Juan Antonio Ferrer; y al embajador de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente.
Entre ellos, dicen desde el gobierno federal, están el o los responsables del mayor desbasto de medicamentos que ha sufrido el sector público en su historia y que agravó la crisis sanitaria con la aparición de una pandemia provocada por el coronavirus.
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Así como Carlos Slim pagará la parte que le corresponde por el colapso en la Línea 12 del Metro, el presidente López Obrador obligará a las demás empresas involucradas a absorber el costo de mantenimiento y reparación de la también llamada “Línea Dorada”, entre ellas ICA y Alstom.
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Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “Muéstrame un héroe y te escribiré una tragedia”.
POR ALFREDO GONZÁLEZ CASTRO
ALFREDO.GONZALEZ@ELHERALDODEMEXICO.COM
@ALFREDOLEZ
dza