El Presidente (López Obrador) deja la última palabra a los ciudadanos, no a la ley. Y ya desde ahora claudica en su búsqueda de justicia
“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.
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Esa será la pregunta que aparezca escrita en la boleta de la consulta popular para enjuiciar a expresidentes; y que, por el sentido de esta, también debería incluir a otros actores políticos en distintos niveles.
Se trata de una ocurrencia presidencial más, en este espejismo de participación ciudadana tan característico de los populismos autoritarios hoy en día. Otra más de las simulaciones de este gobierno federal que dice mucho y hace poco.
Dice que gestionó bien la pandemia, poco hace por apoyar a muchas familias que hoy quedaron en la pobreza a causa de la crisis. Dice que se recompuso el sistema de salud, poco hace por abastecer de medicamentos a millones de mexicanos. Dice que combate la inseguridad, poco hace por disminuir los índices récord de violencia.
Para que tenga efecto el resultado de la consulta popular, deberán participar al menos 36 millones de mexicanos. Pero si ya hay evidencias, incluso denuncias contra mandatarios en el pasado, ¿por qué la necesidad de consultar para aplicar la ley? La Fiscalía ya mencionó que este ejercicio ciudadano no afecta sus alcances, ¿entonces cuál es el punto?
Que hasta ahora las acusaciones (en palabras del mismo Presidente) sean “dar bienes de la nación a allegados”, “engañar al pueblo” y “llevar a cabo masacres”, da la impresión más bien de que las autoridades no han sido lo suficientemente diligentes para realizar un trabajo oficioso de investigación; jurídicamente, ni siquiera indican un principio de una. Es más, las mismas acusaciones bien podrían ser aplicadas al gobierno en turno.
El Presidente deja entonces la última palabra a los ciudadanos, no a la ley. Y ya desde ahora claudica en su búsqueda de justicia, fija su postura diciendo que es mejor dejar aquellos temas en el pasado. Con esto, abre dos frentes:
Si la consulta no resulta efectiva, tendrá un pretexto para abandonar su combate a la corrupción. Por el lado contrario, si resulta efectiva, hay un riesgo latente de que se convierta en una auténtica cacería de brujas, sin ninguna otra evidencia que la del linchamiento mediático y popular de las masas resentidas y exacerbadas desde Palacio Nacional.
Cualquiera que sea el resultado, es una pérdida de tiempo y dinero. Otra “cortina de humo” para distraer la atención de los ciudadanos en un país que se cae a pedazos en materia de salud, economía y seguridad.
Los defensores de la consulta afirman que para perseguir la corrupción se ocupa de la legitimidad y el respaldo ciudadano. Pero esa legitimidad y ese respaldo ya se dio hace tres años en las elecciones.
Por eso más que participar en una consulta absurda, lo que nos toca como ciudadanos es exigir que se aplique la ley. Siempre. Se trate de quien se trate. Sin privilegios ni ventajas. Sencillamente es su trabajo. ¡Hágalo, Presidente!
POR GINA TRUJILLO
COLABORADORA
@GINATRUJILLOZ
DZA