En febrero de este año, los militares tomaron el control de Myanmar, un país pobre con vastos recursos naturales localizado entre China e India, a través de un golpe de estado. El resultado es una crisis que cuenta hoy 5,000 prisioneros políticos y más de 800 personas asesinadas por la junta militar, de acuerdo con la Asociación de Asistencia para Prisioneros Políticos de Myanmar.
La diplomacia ha resultado infructífera para cambiar la situación. Occidente ha impuesto sanciones a individuos clave del régimen militar; la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) adoptó una resolución demandando el fin del golpe y las matanzas; la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ANSEA) emitió un consenso de cinco puntos buscando el cese de violencia y el diálogo político. Nada ha funcionado.
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Por su parte, el Consejo de Seguridad de la ONU, organismo facultado para tomar medidas coercitivas del cual México forma parte, sólo ha emitido críticas moderadas a las acciones de la junta militar. Más de 200 grupos internacionales han presionado para que se declare un embargo armamentístico, sin respuesta. Esto se debe a la presencia y poder de veto de China en el Consejo y a la falta de voluntad política de los demás miembros, incluido México.
Mientras la junta militar se sabe impune a las presiones internacionales, diplomáticos chinos ya consideran al general Min Aung Hlaing como líder del país. Las acciones del gigante asiático no responden a ninguna afiliación política con la dictadura militar, sino al pragmatismo, pues su interés es salvaguardar sus cuantiosas inversiones en el país. Aun cuando su relación con el gobierno democrático era buena, ahora apuesta a que el ejército birmano restablezca la estabilidad y asegure sus inversiones, sin importar las vidas humanas.
El fin de la crisis en Myanmar no parece cercano. Los tortuosos e ineficientes mecanismos diplomáticos, pero sobre todo, la falta de interés de un actor lo suficientemente poderoso para hacer la diferencia, no ayudan. Esto hace pensar en el reciente estallido social en Cuba, cuya población ha estado sumida en la pobreza y privada de su libertad por décadas a manos de sus infames dictadores. Así como el caso desastroso de Venezuela, donde la pobreza extrema aumentó a más de 80%, de acuerdo con la Universidad Católica Andrés Bello. O bien, lo que sigue ocurriendo en Nicaragua, donde el dictadorcillo no quiere dejar el poder, encarcelando opositores a diestra y siniestra.
No se necesita una intervención armada, sino voluntad por parte de las grandes potencias y el apoyo de los demás, para fortalecer los movimientos internos y sean ellos mismos el vehículo de cambio. México debería sumar alianzas y empujar éstos. Hélas!
JESSICA DE ALBA ULLOA E IVANA MEDINA VERDÍN
Jessica De Alba Ulloa es investigadora de la Facultad de Estudios Globales de la Universidad Anáhuac. Ivana Medina Verdín es alumna de sexto semestre de la Facultad de Estudios Globales de la Universidad Anáhuac México.
dza