La Consulta Popular, a llevarse a cabo dentro de un mes, el 1 de agosto, tiene como objetivo averiguar si la ciudadanía está o no de acuerdo en aplicarles la ley a “actores políticos” que en el pasado hubiesen cometido actos que afectasen a posibles víctimas.
Este eufemismo para pretender juzgar a ex-presidentes es a todas luces ilegítimo e ilegal. Si los denominados “actores políticos” llevaron a cabo acciones que dañaron a personas y sus bienes, tendrían que ser llevados ante la justicia, independientemente de la voluntad popular, en caso de que sus presuntos delitos no hubiesen prescrito.
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Pero la Consulta no es en realidad un ejercicio destinado a preguntarle a la ciudadanía sobre un asunto en el que se esté decidiendo algo que le atañe directamente o que influiría realmente en su vida cotidiana. No es una discusión sobre el derecho al aborto o la eutanasia, ni mucho menos una disputa sobre la forma de gobierno que quisiesen los mexicanos.
Se trata abiertamente de una bandera propagandística en manos de López Obrador que hubiese querido empatarla con la elección de junio, pero la ley se lo impedía.
Difícilmente podrá obtener 40 por ciento del padrón electoral para convertirla en un mandato obligatorio. Pero eso lo tiene sin cuidado. Al apostar a que el aparato político de Morena le dará el sí en la consulta, AMLO tiene con eso para mover la agenda hacia el enjuiciamiento de los expresidentes y con eso culpar a priistas y panistas de todos los males del país.
La situación económica, de seguridad, de salud y en general la perspectiva para el país durante los próximos tres años no se perfila para pensar en un cambio drástico que permita superar los rezagos que hoy se presentan en forma descarnada. Es por eso que el tema de la consulta para el Presidente no es coyuntural, sino de largo plazo.
De esta forma, Peña Nieto, Calderón, Fox, Zedillo, y Salinas (Echeverría no cuenta), serán, a partir de agosto, la nueva piñata que junto con periodistas e intelectuales del “conservadurismo” serán señalados cotidianamente como los responsables de los males nacionales.
Para eso sirve la consulta con un costo de un poco más de 500 millones de pesos en medio de una política de austeridad que ha dañado seriamente la capacidad operativa del gobierno federal.
Mientras el INE organiza la consulta, el Instituto sigue sometido a presiones y algunos de sus integrantes sufren amenazas y acoso por parte del Ejecutivo, en un intento por convertir al órgano autónomo en un apéndice de la 4T. La consulta, que debió ser una experiencia democrática y ciudadana, será sin duda otra simulación más en medio de un clima de confrontación y polarización absoluta.
POR EZRA SHABOT
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