Hace 31 años, el 17 de mayo de 1990, la Organización Mundial de la Salud resolvió eliminar a la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales y la aceptó como una variación de la sexualidad humana, y recientemente, en 2018, dejó de considerar a la transexualidad como un trastorno; sin embargo, un tercio de los países que conforman a las Naciones Unidas siguen penalizando la diversidad sexual, llegando incluso a castigarla con la pena de muerte, lo que nos advierte sobre la fragilidad de los derechos humanos ante la intolerancia, el rechazo, la ignorancia y la discriminación.
Es importante recalcar que, tal como lo advierten pensadores como Michel Foucault, la patologización y la criminalización son dos formas de restringir libertades asociadas a los placeres, deseos y preferencias no convencionales, mediante el ejercicio del poder público. A pesar de que la diversidad sexual ha estado presente en las culturas de todos los tiempos y geografías, no siempre ha logrado ser asimilada de forma pacífica. El rechazo y la discriminación, asociada incluso con valores religiosos, ha dificultado que la comunidad LGBT+ goce plenamente de los derechos que ostentan las personas cisgénero, heterosexuales.
Te podría interesar
A pesar de los años de lucha y conquistas de la comunidad LGBT+ por sus derechos, en México la discriminación sigue siendo una constante que debe ser abolida. El año pasado el Congreso de la Ciudad de México aprobó reformas al Código Penal local para establecer sanciones a quienes practiquen ‘terapias de conversión’ tendientes a anular la personalidad de las víctimas. Estos casos son protagonizados por asociaciones pseudo religiosas que tratan la diversidad como una patología, un pecado o un castigo divino.
En el caso de Zacatecas, cuyo 86 por ciento de la población se considera católica, no sorprende que para evitar costos políticos existan omisiones legislativas que continúan vulnerando derechos y libertades, como es el caso el Código Familiar, que sigue definiendo el matrimonio como la unión jurídica de un hombre y una mujer, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha determinado la inconstitucionalidad de dichas restricciones, estableciendo obligaciones para los poderes legislativos de observar los derechos fundamentales de todas las personas. El reconocimiento de los matrimonios igualitarios en todas las entidades, que es parte de la agenda pendiente en esta materia, por citar un ejemplo, permite el acceso a otros derechos, como los hereditarios, de seguridad social, pensión alimenticia, etc., por lo que va más allá del simple reconocimiento de las libertades, que por sí mismas serían suficientes.
La importancia de impulsar una cultura de la inclusión, igualdad y no discriminación se hace patente al reconocer que la violencia contra la diversidad sexual cobra la vida de decenas de personas al año tan solo en México, por lo que sociedad y gobierno deben redoblar esfuerzos para lograr la inclusión pacífica de todos los miembros de nuestra comunidad. En la medida que logremos reconocer la misma dignidad en cada persona, más allá de su aspecto físico, sus preferencias sexuales, su condición económica, social o cultural, podremos avanzar hacia un auténtico Estado de derecho, donde no existan ciudadanas y ciudadanos de primera y de segunda.
POR DAVID MONREAL
COLABORADOR
@DAVIDMONREALA
PAL