Esta semana el presidente Andrés Manuel López Obrador, removió después de dos años y medio a Irma Eréndira Sandoval como Secretaria de la Función Pública.
En su lugar se asignó a Roberto Salcido Aquino, por lo que con este movimiento suman nueve las modificaciones dentro del gabinete en ocho Secretarías en lo que va de la presente administración y la segunda después de las elecciones intermedias recientemente ocurridas.
Esta situación se da luego de una serie de señalamientos que van desde su multipropiedad de inmuebles, la exoneración del actual director de la CFE, Manuel Bartlett, de una investigación de declaración patrimonial de la que fue objeto después de un trabajo periodístico, además de la realizada a Jesús Seade, colaborador cercano del presidente, debido a sospechas de peculado y abuso de funciones al utilizar recursos públicos para sus viajes, entre otros varios ejemplos que incluyen la compra a sobreprecio y mediante asignación directa de medicamentos y pruebas de detección de COVID-19.
Más allá de la polémica administración de la exsecretaria Sandoval y el abrupto y pareciera que hasta mal intencionado anuncio de su remoción al cargo, lo sensible del asunto es que la discusión se centra más en los temas antes mencionados que en logros tangibles, dentro de una de las instituciones más relevantes para el proyecto ideológico de la 4T, como lo representa la lucha contra la corrupción y la impunidad como máximo estandarte.
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En ese sentido, si bien organismos como Transparencia Internacional ubican a México en una mejor posición dentro de su Índice de Percepción de la Corrupción, comparativamente entre 2019 y 2020 (31 puntos de 100), la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del INEGI arroja un incremento en la tasa de corrupción percibida en México.
Esta decisión también nos habla del propio clima político que dejó las elecciones intermedias, así como del movimiento de piezas y aspiraciones que comienzan a perfilarse para 2024. Vimos como durante el proceso de campaña previo al 6 de junio, el investigador y esposo de la funcionaria, John Ackerman, reclamó la “designación” de Félix Salgado Macedonio por sobre su cuñado Pablo Amílcar para la gubernatura de Guerrero.
Lo anterior, aunado al “activismo” de ella en contra de Salgado Macedonio, intentando movilizar intereses, principalmente feministas, dentro de Morena no por un genuino interés de reivindicar la lucha social en contra de un candidato impresentable, sino por posicionar a su hermano dentro de la contienda.
Seguimos viendo más ejemplos del “mandato de uno”, en donde el presidente puede pasar por alto las acusaciones más serias en contra de sus funcionarios a cambio de obediencia, en tanto que tampoco interfieran con sus intereses y los de su círculo cercano, ya como una forma de política de estado.
Hoy las posturas en contra del designio presidencial no sólo no son aceptadas, sino castigadas. Nos encontramos en un escenario en el que la pluralidad, diálogo político y el contraste de ideas no es aceptado. Sin duda, se trata de un peldaño más dentro de un retroceso ideológico y político que va en detrimento directo de los verdaderos intereses de la población.
POR AZUL ETCHEVERRY
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MAAZ