Antes del 22 de agosto de 2018 todo indicaba que los militares regresarían a sus cuarteles, lo que marcaría la diferencia respecto de las dos administraciones anteriores, que se habían caracterizado por la incorporación de las fuerzas armadas en su estrategia de seguridad, lo cual fue capitalizado durante el proceso electoral de ese año por Morena, en particular la frase de "los muertos de Calderón".
Al menos eso indicaba el discurso de Andrés Manuel López Obrador y de algunos actores políticos vinculados al proyecto de la 4T, entre ellos el actual dirigente de Morena, Mario Delgado y Alfonso Durazo, entonces propuesto como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, quien posteriormente haría lo mismo pero con peores resultados.
Sin embargo, tras la reunión de agosto de 2018 entre el entonces presidente electo y el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, todo cambió y la idea de retirar a los militares de las labores de seguridad pública fue desechada de forma inmediata.
El resto de la historia se cuenta sola, ya que la estrategia de seguridad se circunscribió a los "abrazos, no balazos", cuyos resultados se pueden resumir en las 87 mil 500 víctimas de homicidio doloso de López Obrador acumuladas al 24 de junio, nada que ver con las 42 mil 489 de Enrique Peña Nieto y con las 30 mil 572 de Felipe Calderón.
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A la distancia no me queda la menor duda de que los señalamientos de que la Policía Federal "se echó a perder" y por esa razón había que desaparecerla vienen de aquella reunión, de la cual nunca se nos informó a detalle; a lo mucho un Twitter del hoy presidente de México con la leyenda "me reuní con el general de división Salvador Cienfuegos, me dio sus puntos de vista sobre el grave problema de la violencia y las alternativas”.
El hecho de haber contenido tanto tiempo lo abordado el 22 de agosto de 2018 en el pecho que "no es bodega" pudo haber provocado que los adjetivos en contra de la PF fueran utilizados para justificar el traslado de la Guardia Nacional a la SEDENA más allá de marzo de 2024 y no como está previsto en el Artículo 5° transitorio de la Ley de la GN.
Independientemente de que la correlación de fuerzas políticas del país lo permita, solo hay que recordar que en Chile los famosos y respetados Carabineros se separaron del Ministerio de Defensa en 2011 y en 2018 se vieron envueltos en una serie de actos de represión en contra de la población que salió a reclamar por el incremento a las tarifas de transporte público, con un saldo de 5 muertos y 1,400 heridos por arma de fuego.
Ni que decir de Colombia, único país latinoamericano donde la Policía Nacional aún depende del Ministerio de Defensa, la cual recientemente salió a enfrentar las manifestaciones de la población que protestaba contra de la reforma tributaria con un saldo oficial de 26 víctimas mortales debido en parte al enfoque de guerra con que fueron formados sus integrantes que hasta 2016 combatían guerrilleros y paramilitares.
Si la autodenominada 4T, con su propuesta de incorporar formalmente la GN a la Secretaría de la Defensa Nacional, no quiere verse en el espejo de Chile o Colombia, debería replantear o armonizar lo que pretende antes de que sea demasiado tarde.
Las demás naciones latinoamericanas que han atravesado conflictos internos por cuestiones político-ideológicas, tienen policías civiles, las cuales incluso llevan en su nombre la palabra civil, entre ellas la Policía Nacional Civil de Guatemala y la Policía Nacional Civil de El Salvador.
¿Será que el gobierno de la República quiere enfrentar situaciones parecidas para entender lo que ya vivieron nuestros vecinos? ¿A eso se debe que el lema de "Justicia y paz" de la GN, sea igual que el del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores de Venezuela? Ojalá que en esta ocasión esté equivocado.
POR FACUNDO ROSAS.
EXCOMISIONADO DE LA POLICÍA FEDERAL
PAL