Tristemente todos los gobiernos han utilizado de manera discrecional y hasta faccioso a la FGR , así como a la UIF. El uso político ha sido la regla, sin embargo, este gobierno destaca por el abuso de esta práctica, y cabe destacar que es el primer gobierno que cuenta con una Fiscalía General de la República “autónoma”.
La FGR imputa al Gobernador de Tamaulipas “la abstención de declarar al fisco federal 6 millones 511 mil 777 pesos”, lo que se sanciona de tres a nueve años de prisión, con base en ello se solicitó el juicio de procedencia en la Cámara de Diputados, previo el rápido proceso; la servil mayoría en la Cámara de Diputados, erigida como Jurado de Procedencia, aprobó el desafuero de Cabeza de Vaca; sin embargo, el Congreso de Tamaulipas desconoció la resolución de dicha cámara y resolvió mantener al Gobernador su cargo.
Con lo anterior se generó una crisis legal, misma que se convirtió en una Controversia Constitucional que se interpueso de manera formal ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, acción legal donde el congreso local solicitó la suspensión de la resolución de la Cámara de Diputados que separa del cargo al gobernador.
Los asesores legales del presidente y de sus diputados, deben saber que la controversia constitucional probablemente sea desechada de plano; el Artículo 111 de la Constitución establece que este tipo de resoluciones de la Cámara de Diputados son “inatacables legalmente”; es decir; no procede medio de impugnación alguno contra ellas.
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El mismo Artículo 111 constitucional establece que la declaración de procedencia tiene como efecto la separación del cargo mientras duré el procedimiento penal.
Entre el final de la sesión en la cámara de Diputados, dio inicio la sesión en el Congreso de Tamaulipas, donde se dictó una resolución que rechazaba el desafuero declarado por la Cámara de Diputados y reconoció a Cabeza de Vaca su calidad de “Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, señalando que deberá seguir fungiendo en el encargo púbico para el efecto que fue electo en el año de 2016”.
Si bien es cierto no conocemos el fondo ni los datos de prueba en el caso, también lo es que el “timing” de la resolución es sospechosa, a poco mas de un mes de la elección. Generar un circo mediático en contra de un gobernador de oposición, se antoja planeado y distante de una fiscalía general autónoma, ya que todo parece indicar que es mas una acción de propaganda electoral que un proceso penal con el único objetivo de que el culpable no quede sin castigo.
¿Por qué no esperarse a reunir mas datos de prueba? ¿Por qué no esperarse a despues del 6 de junio? La respuesta es simple, no saben si tendrán la mayoría que necesitan en la Cámara de Diputados, y sin duda; no podrían sacar raja electoral si esperan.
POR JOSÉ LAFONTAINE HAMUI
ABOGADO
@JOSE_LAFONTAINE
OVH