La necesidad de que se conozca la verdad sobre lo acontecido en la estación Olivos de la Línea 12 del Metro, para que los familiares de las víctimas tengan conocimiento pleno de los hechos y de las causas que produjeron la caída de la estructura, en estos momentos es la principal exigencia, para que de manera clara y con información técnica validada, se informe a toda la sociedad y se castigue a los responsables.
Desde las primeras horas de los acontecimientos, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, acudió a la zona cero para conocer de primera mano los hechos y tomar acciones. Se suspendió toda la operación de la Línea 12 y se implementó un operativo de movilidad en la zona, para agilizar el tránsito y ayudar a que las personas se desplacen a sus destinos. Desde entonces el Gobierno de la ciudad no ha dejado de informar, ni tampoco ha dejado de atender a las familias de las víctimas.
También tomó la decisión de obtener un peritaje externo, por lo que contrató a la certificadora internacional Det Norske Veritas, que se dijo, dará a conocer los primeros resultados en cinco semanas. Además, con la ayuda del Colegio de Ingenieros Civiles de México se realiza una revisión de la Línea 12 y otros viaductos elevados del Sistema de Transporte Público.
Es evidente que la información sobre las causas del colapso se están investigando y que pronto se darán a conocer sus resultados. Es por ello, que llama la atención que algunos partidos busquen utilizar el dolor de los familiares de las víctimas, para darle impulso a sus proyectos políticos.
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Antes de encarecer el valor de la verdad, se debe conocer la naturaleza de la misma. En ese contexto debemos señalar que la reiterada solicitud de realizar una comparecencia en el Congreso de la ciudad, sin sustento legal y sin resultados de los peritajes son un intento de generar un clima de miedo y de acusar sin pruebas.
Debemos recordar que el Pleno del Congreso, aprobó, de manera unánime, el proceso denominado “Pregunta Parlamentaria” previsto en el artículo 34 de la Constitución capitalina. Mediante esta figura, el Legislativo solicita información a las autoridades entre ellas, al Gobierno o a las alcaldías, como un mecanismo de comunicación entre el Legislativo y el Ejecutivo.
Las autoridades contarán con un plazo de 30 días naturales para responder. Una vez que se contesten los cuestionamientos, el Congreso contará con 30 días para analizar la información y a partir de lo reportado es que se determinará si es necesario llamar a las o los funcionarios. En su caso el llamado a comparecer se realizará mediante acuerdo aprobado por mayoría absoluta del Pleno, por lo que para convocar a una comparecencia será necesario cumplir con el procedimiento.
En este contexto, invitamos a los actores políticos a no lucrar políticamente con los acontecimientos ocurridos en la estación Olivos de la Línea 12 del Metro. En Morena nos manifestamos a favor de que se conozca la verdad, que se deslinden las responsabilidades y se castigue a los culpables.
POR JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN
VICECOORDINADOR DE MORENA EN EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
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