El Presidente Andrés Manuel López Obrador, como reacción a la revocación de la candidatura de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero y de otros 48 aspirantes de Morena, nos regaló una definición del INE particularmente interesante. El INE, según AMLO, se ha convertido en el “Supremo Poder Conservador”.
El Supremo Poder Conservador fue un organismo político que ejercía control de constitucionalidad en 1837. Su creador principal, Manuel Sánchez de Tagle, había sido redactor del acta de Independencia de 1821. Este nuevo “poder” fue concebido como un árbitro autónomo para ayudar a mantener dentro de los debidos márgenes la operación de los tres poderes de gobierno, y para, además, lograr equilibrios entre las instituciones y los grupos populares que fácilmente tendían a la insurrección. Dicho de otro modo, en un ambiente tenso, lleno de divisiones y poco afecto al orden público, se diseñó una suerte de “cuarto poder” para atender controversias constitucionales y para controlar a los “poderes soberanos”. Las ideas de Edmund Burke, de Benjamin Constant y de Emmanuel-Joseph Sieyés se dieron cita en la mente de quienes concibieron aquel organismo en una suerte de síntesis del pensamiento liberal y conservador propio de la época.
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No es aquí lugar para explicar el convulso escenario de aquellos años y el modo como esta institución se disolvió en 1841. Lo que sí es interesante destacar es la forma en la que AMLO, al recordar el nombre de aquel organismo, nos muestra que no es afecto a las instancias que realizan algún tipo de control del ejercicio del Poder Ejecutivo, ni siquiera cuando intentan salvaguardar nuestra frágil democracia. No creemos que AMLO haya arriesgado su nueva definición del INE sin entender realmente su contenido, lo cual sería una irresponsabilidad monumental. Al contrario, seguramente comprende que aplicar ese antiguo nombre al INE invita a que el lector atento elabore diversas conjeturas sobre las convicciones profundas del Presidente en materia democrática y constitucional. Y más aún, tomando en cuenta que a mediados de marzo, el propio AMLO amagó con reformar la Constitución si alguien osaba declarar inconstitucional la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica.
¿Qué parece dibujarse ante nuestros ojos? En primer lugar todo indica que el Presidente ya no desea estar limitado por organismos “autónomos” ni por instancias que restrinjan sus decisiones de algún modo. El “Acuerdo Nacional por la Democracia” que estableció con los gobernadores, y que a muchos analistas pareció una redundancia respecto a lo que ya manda la ley, de inmediato fue traicionado por el propio Presidente, al cuestionar al árbitro electoral y hacer declaraciones partidistas. De modo más particular y prospectivo, todo parece apuntar a que AMLO busca descalificar al INE antes de las elecciones, para que le sea más fácil argumentar, después de ellas, que los candidatos perdedores de Morena serán víctimas sufrientes de un árbitro injusto. Debilitar al INE puede tener enormes consecuencias en un país cuya cultura democrática es incipiente. De los ciudadanos activos y de la oposición partidista depende que esto no suceda, por el bien de México.
POR RODRIGO GUERRA
PROFESOR-INVESTIGADOR DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN SOCIAL AVANZADA (CISAV)
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