El diputado Porfirio Muñoz Ledo me invitó a debatir con él, con la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Aleida Alavez, y con Inés González de la Fundación Friederich Ebert. Nuestro intercambio apareció en TV Mexiquense el viernes 19 de marzo a las 10:00 PM.
Por alguna extraña razón, al llegar a la pantalla, fue difundido con importantes mutilaciones en los momentos en que, el que aquí escribe, presentaba críticas y objeciones a la más ambiciosa reforma constitucional que jamás se haya presentado en la Cámara de Diputados.
En efecto, el tema a debatir era un dictamen que fusiona cerca de 50 iniciativas que se habían formulado por diversos legisladores en el pasado, y que de aprobarse, impactaría simultáneamente a 27 artículos de la Constitución de la República.
El tema de esta megareforma aparentemente es la “igualdad sustantiva” entre hombres y mujeres. Tema de la mayor relevancia y con el que difícilmente es posible estar en desacuerdo.
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Los problemas comienzan cuando al revisar el texto de más de 400 cuartillas, el lector atento descubre que se busca inocular a la norma constitucional con conceptos que afectan de modo directo el respeto al derecho a la vida; la patria potestad de los padres de familia; el derecho a la libertad de expresión y la identidad sexual de las personas.
Es imposible explicar en este breve espacio todas estas cuestiones. Sólo me atrevo a señalar que en una reforma así de trascendente, merecerían al menos ser desagregadas las secciones concernientes a los artículos 1º y 4º para ser tratadas por separado y sin prisas.
En estos dos casos, la necesidad de hilar fino es un imperativo absoluto. Pongamos un ejemplo: se introduce la idea de que toda persona tiene derecho a la “autonomía reproductiva”. Este “derecho” no está consignado en ningún tratado o acuerdo internacional signado y ratificado por México.
Más bien brota de la comprensión neoliberal de autonomía procedente de la bioética principialista, y que en el debate contemporáneo se encuentra recibiendo importantes correcciones a través de las denominadas “Bioética global”, “Bioética social” y “Bioética personalista”.
En otras palabras, en momentos en que el mundo corrige un enfoque puramente “individualista” en cuestiones bioéticas y reproductivas, los diputados que promueven esta iniciativa llegan tarde fingiendo no estar enterados.
El asunto se complica aún más, cuando descubrimos que en casi toda la literatura sobre “autonomía reproductiva”, se reconoce su intrínseca vinculación con el aborto procurado. De esta manera, se dotaría a la Constitución de un criterio para legalizar sin restricción el aborto en México, aún en contra de lo decidido en este tema por algunos Congresos estatales que protegen el derecho a la vida desde el momento de la concepción.
Así mismo, abriría las puertas a todo tipo de biotecnologías en el ámbito reproductivo que requieren ser analizadas y comprendidas en sus riesgos y problemas antes de ser acogidas indiscriminadamente. Sin consenso social suficiente y sin consensos científicos elementales, la Constitución corre el riesgo de recibir un virus que puede descomponer no sólo su arquitectura fundamental sino afectar gravemente a los más vulnerables en nuestro país.
POR RODRIGO GUERRA
PROFESOR-INVESTIGADOR DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN SOCIAL AVANZADA (CISAV)
avh