En días recientes el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó nuevos criterios para evitar que los partidos políticos o coaliciones ejerzan sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados para las próximas elecciones del 6 de junio. Dicha decisión ha generado polémica ya que ocurre a unos días de iniciar las campañas electorales y vulnera principalmente a Morena y su mayoría en la cámara baja.
Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al INE de complot en su contra y del partido que fundó, mientras que su presidente nacional, Mario Delgado, demeritó al Instituto por cancelar más de 60 candidaturas alrededor del país como parte de una estrategia en su contra que incluye, por cierto, la revocación de la polémica postulación de Félix Salgado para la gubernatura de Guerrero.
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Como bien sabe, la sobrerrepresentación partidista no es nueva. De una forma u otra, los partidos políticos han encontrado maneras de darle la vuelta al límite de funcionarios establecidos por la ley, ejemplo de ello lo ocurrido en las elecciones de 2012, 2015 y 2018 con el manejo de los resultados obtenidos por coaliciones electorales.
No obstante, a pesar de que esta práctica ya ocurría, no deja de tratarse de prácticas autoritarias y ventajistas que demeritan el verdadero valor democrático, siendo parte de ese pasado del que se supone la 4T pretende diferenciarse. No sólo eso, históricamente la izquierda en México ha criticado estos designios gubernamentales sólo para replicarlos estando ellos en el poder.
La realidad es que actualmente la coalición que encabeza Morena tiene una sobrerrepresentación del 15.7% mientras que lo permitido por la constitución se limita al 8%, por lo que el INE pretende verificar este fenómeno dentro de los partidos, tanto en lo individual como en lo colectivo para evitar distorsiones respecto con lo reflejado en las urnas.
Si bien lo que pretende el INE es loable, atiende sólo parcialmente el problema teniendo el riesgo de que ocurran discrepancias con lo elegido por la ciudadanía, además que esta decisión podría llegarse a considerar extralimitada cuando se podría tratar tal vez de una decisión del poder legislativo, más si tenemos en cuenta que lo resuelto por el INE ocurre en una etapa avanzada del proceso electoral.
Por su parte, Morena presentó un recurso de apelación ante el Tribunal Electoral en contra del INE al considerar que obstaculiza al partido y evita la permanencia de su mayoría para la próxima legislatura. En ese sentido, por lo que hemos visto es muy probable que la decisión del Tribunal se decante a favor de Morena porque históricamente la posición de esta institución se inclina hacia el grupo en el poder. Lo anterior nos haría suponer que es probable que la decisión sea revocar el acuerdo alcanzado en el INE.
Este suceso sin duda aviva el fuego que la presidencia y la 4T tienen sobre los órganos autónomos y sus funciones en la presente administración. Son más de dos años de ataques constantes que de una alguna manera ha vulnerado el estatus del “árbitro” entre la voluntad de la gente y las instituciones partidistas.
Más allá de la discusión técnica respecto a la aplicación de este nuevo acuerdo, existe un problema político serio respecto a la incapacidad institucional de gestionar las voluntades partidistas en turno con lo establecido dentro de la constitución, en demérito de la democracia nacional.
POR AZUL ETCHEVERRY
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