Con la llegada a la presidencia de los Estados Unidos del demócrata Joe Biden y su promesa de refrendar el compromiso de soluciones políticamente accesibles a la problemática migrante, en el marco de la tan esperada reforma migratoria, la realidad es que se está comenzando a detectar un aumento considerable de migrantes en la frontera con México, por tercera vez en siete años tanto en administraciones demócratas y republicanas.
De acuerdo con datos recabados de los encuentros fronterizos, un estándar que mide el contacto de autoridades migratorias con personas en tránsito con intensiones de ingresar a los Estados Unidos, la cifra se incrementó considerablemente en los últimos meses de la administración de Donald Trump, de un nivel de poco más de 16 mil en abril de 2020 a alrededor de 74 mil en diciembre. Sin embargo, en febrero de este año dichos encuentros fronterizos rebasaron los 100 mil por primera vez desde 2019.
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En ese sentido, vale la pena destacar que el porcentaje de mexicanos que reincidieron a un ingreso indocumentado incrementó a un 48% en el cruce de San Diego, mientras que los casos de familias y niños no acompañados presentaron un incremento del 13% en todos los cruces fronterizos a partir de diciembre pasado. Este último tema de los menores no acompañados representa uno de los mayores retos migratorios que esta administración debe enfrentar. Tan sólo de enero a febrero de este año se estima que hubo un incremento del 60% de casos.
Esta situación debiera ser una asignatura pendiente urgente para el equipo del presidente Biden, que debe resarcir el serio problema operativo que se presentó durante la administración pasada en donde se separaron a más de 600 niños de sus familias en la frontera, aunado a los protocolos de protección a migrantes mejor conocidos como “Quédate en México”, en los que menos del 1% de solicitantes de asilo fueron aceptados mientras esperaban en situación de vulnerabilidad respuesta a su solicitud en el lado mexicano de la frontera.
Al respecto, la respuesta de Biden fue la de anular estas políticas al calificarlas de “crueles e inhumanas”, no obstante ha mantenido las facultades de expulsión de migrantes impuestas por su predecesor, con excepción justamente de los niños que viajan solos. Busca también acelerar el procesamiento y posterior liberación de los menores a sus padres o patrocinadores en los Estados Unidos con el fin de evitar lo ocurrido anteriormente, aunado a los procedimientos por riesgos sanitarios impuestos por la llegada del COVID-19.
Si abordamos el tema sanitario, cabe destacar que apenas esta semana The Washington Post informó que se llegó a un acuerdo entre México y Estados Unidos en el que nuestro país recibirá 2.5 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca a cambio de que se contenga el flujo migratorio desde las fronteras mexicanas, algo similar a lo negociado con Trump durante la administración pasada.
A falta de una estrategia comprensiva, México vuelve a hacer el “trabajo sucio” impidiendo el flujo de migrantes centroamericanos por lo pronto con un cierre de fronteras al tránsito no esencial al norte y sur como medidas sanitarias. Con la llegada cada vez mayor de vacunas a territorio nacional y la promesa de una reforma migratoria en los Estados Unidos, es una cuestión de tiempo para que el tema relegado de la migración indocumentada vuelva a estar en el “centro de la discusión”.
POR AZUL ETCHEVERRY
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