El pasado 23 de marzo y sin campaña de difusión previa entraron en vigor las reformas que obligan todos los integrantes del sector financiero, incluidas las instituciones financieras, mejor conocidas como bancos, a obtener y conservar la geolocalización del dispositivo a través del cual sus clientes realicen operaciones o servicios, con la advertencia de que quien no autorice su ubicación no podrá hacer uso de los servicios digitales.
Esta medida deriva de los compromisos que México ha contraído como integrante del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para estar en línea con la Guía sobre Identidad Digital de marzo de 2020 en la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Por esta razón la Comisión Nacional Bancaria y de Valores hizo llegar mensajes SMS y correos electrónicos que el 23 de marzo vencía el plazo para que sus clientes aceptaran que sus teléfonos celulares, tabletas o cualquier otro dispositivo sean monitoreados para conocer su ubicación en tiempo real al momento de realizar operaciones.
Dicho en otras palabras, lo que la CNBV pretende es contar con un indicador de riesgo que permita registrar la zona geográfica donde se ubiquen sus clientes y poder dar respuesta a futuras investigaciones a cargo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Hasta aquí todo parece perfecto, el usuario realiza sus operaciones bancarias o financieras, el banco monitorea todos y cada uno de sus movimientos, los almacena y los entrega a la CNBV, ésta a su vez se los hace llegar a la UIF en caso de que sean requeridos; acto seguido los presuntos delincuentes (lavadores de dinero o terroristas) son identificados, sus cuentas congeladas, posteriormente son detenidos y encarcelados.
Solo que hay un pequeño detalle, no estamos hablando de Duloc, la ciudad perfecta de la película de Shrek donde gobierna Lord Farquaad, en ese hipotético lugar los resultados se darían por procedimiento y no por casualidad, sino de México, donde el dinero en efectivo que podría ser “lavado” sin pasar por el sistema financiero ascendió a 1.8 billones de pesos en el primer semestre de 2020 según el Banco de México, mientras que la informalidad en 2020 cerró en 55.6% según el INEGI.
Además, qué instancia se va a encargar de monitorear todos los dispositivos móviles, particularmente los smartphones, y cómo se va a asegurar que no haya filtración de la ubicación del cliente y su capacidad de liquidez. Habrá que recordar que en 2011 copias de la base de datos del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (RENAUT) que llegó a tener 65 millones de usuarios de un universo de 80, la mayoría con datos falsos, fueron ofrecidas vía internet e incluso comercializadas en Tepito, lo que obligó a que dicha iniciativa fuera derogada.
Lo anterior obliga a preguntarse si el riesgo de que el banco acceda a la geolocalización de los dispositivos móviles es un mito o una realidad, por el momento estas serían las primeras respuestas.
Mito: Esta medida va a resolver el problema de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. No hay peligro alguno para los usuarios de la banca.
Realidad: Un elevado número de transacciones en México, incluidas las desarrolladas por los grupos criminales, son realizadas en efectivo, por lo que no ingresan al sistema financiero y de nada sirve exigir a los usuarios de la banca que sus dispositivos sean monitoreados en tiempo real si al final no dejan huella alguna. Un elemento que contribuye en que el efectivo se convierta en una especie de “mercado ilícito” es la gran cantidad de billetes y monedas que circulan en el país, que asciende a por lo 1.8 billones de pesos. Los secuestradores que han cobrado altos montos de dinero por concepto de rescate lo hacen en efectivo y en dólares (usados y no seriados), por lo que sus movimientos no son rastreables.
Para el usuario promedio, el que cumple con todas sus obligaciones fiscales y financieras sí existe un riesgo de que pueda filtrarse la información de su ubicación y su capacidad económica, sobre todo si se toma en cuenta que esta medida le ahorraría el trabajo de investigación y seguimiento a los grupos delictivos en caso de haber sido seleccionado como blanco (target) de secuestro, extorsión o robo.
Por FACUNDO ROSAS.
EXCOMISIONADO DE LA POLICÍA FEDERAL.
rcb