El Presidente López Obrador reaccionó con inusitada dureza a la decisión del Juez Juan Pablo Gómez Fierro de suspender provisionalmente la aplicación de la Ley de Energía Eléctrica, enviada por él a la Cámara de Diputados y al Senado como iniciativa preferente, con la instrucción a la bancada de su partido de “no enmendarle ni una coma”. El Presidente acusa al Juez de actuar como “un empleado, un subordinado” de empresas particulares y no como defensor del “interés nacional” y ha solicitado al Consejo de la Judicatura Federal que investigue la conducta del Juez, lo que puede interpretarse como una presión indebida sobre el Poder Judicial. No parece importarle mucho si el Juez en cuestión está actuando o no con base en consideraciones jurídicas, de conformidad con la Constitución, y de los tratados internacionales aplicables en esta materia, suscritos y ratificados por el poder ejecutivo, con la aprobación del Senado, y que son ley suprema de nuestra república, según dicta el propio texto constitucional.
Para el Presidente López Obrador, todo este asunto, como tantos otros, se resume a la confrontación entre dos bandos. Por un lado, está el gobierno federal encabezado por él, que se propone transformar al país en bien de las mayorías y, en especial, de los más pobres, los más vulnerables. Frente a esta mayoría transformadora se encuentra una minoría que siempre defiende solamente sus propios intereses, sus planes de saqueo de los recursos naturales del país y, hasta donde se pueda, de los recursos del erario. Según esta visión, se trata de intereses obscuros, con frecuencia ligados a intereses extranjeros.
Con todo respeto, disiento de esta visión simplista y excluyente. La realidad nacional es mucho más compleja, e incluye a otros actores e intereses que hoy no tienen una voz y los mecanismos para hacerse escuchar, pero que están aquí y estarán más en el futuro, como son los jóvenes y las generaciones venideras. El tema de quién produce qué clase de energías, a qué costo económico, y sobre todo con qué costo ambiental, es un tema que va más allá del gobierno federal y de las empresas del sector energético.
Al parecer, la reforma a la Ley de Energía Eléctrica viola disposiciones constitucionales vigentes, si nos atenemos a la decisión de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando declaró inconstitucionales los Acuerdos de mayo de 2020 de la Secretaría de Energía para “reordenar” al sector energético. Muchos observadores consideran, además, que la reforma también va en contra de compromisos internacionales que México adquirió conforme a tratados internacionales como el TMEC, la Convención de las Naciones Unidas Contra el Cambio Climático y el Acuerdo de París de diciembre de 2015, y de acuerdos internacionales no vinculantes, como la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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Sin embargo, para sustentar su decisión de suspensión provisional de la Ley de referencia, el Juez del Juzgado Segundo de Distrito también citó el “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”, conocido como el “Acuerdo de Escazú”, aprobado en esa ciudad costarricense el 4 de marzo de 2018, abierto a firma el 27 de septiembre del mismo año, y que entrará en vigor el próximo 22 de abril gracias, precisamente, a la ratificación del Gobierno de López Obrador, después de que fue aprobado por unanimidad en el Senado de la República.
Tuve el honor de encabezar a la Delegación Mexicana que negoció el Acuerdo de Escazú, promovido por la CEPAL, que tiene como objetivo central, según su artículo 1, contribuir “a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible”. El Acuerdo de Escazú es hoy ley en nuestro país. Al posponer indefinidamente la transición energética hacia energías limpias, la reforma sí va a afectar el derecho de la presente generación, pero aún más el de las generaciones futuras, a un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible. La reforma a la ley afecta a toda la población, pero en particular a los jóvenes, y no sólo el interés particular de algunas empresas. Si éstas sienten que se afectan sus intereses tienen derecho a defenderlos. Pero el tema va mucho más allá. Nos afecta a todos y a los mexicanos del futuro. Con todo respeto, hay que tomarlos en cuenta.
POR MIGUEL RUÍZ CABAÑAS IZQUIERDO
DIRECTOR DE LA INICIATIVA DE OBJETICOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) EN EL TEC DE MONTERREY
@MIGUELRCABANAS
avh