El dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica, con una participación plural e incluyente de todas las fracciones parlamentarias, fue debatido y aprobado en reunión ordinaria de la Comisión de Energía, que tengo el honor de presidir.
El dictamen sobre la iniciativa preferente en materia eléctrica, remitida por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, fue respaldado con 22 votos a favor, 10 en contra y cero abstenciones. En sus consideraciones estima conveniente la aprobación de la Iniciativa porque las propuestas que la conforman tienen como objetivo el rescate y fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), garante del suministro de electricidad, que no solamente es un derecho, sino también una cuestión de sobrevivencia y por ende una cuestión de primera línea para la Seguridad Nacional del país.
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El funcionamiento y desarrollo del país depende de la labor titánica de la CFE para garantizar la confiabilidad, seguridad y continuidad del sistema eléctrico, atendiendo a 45 millones de servicios, que incluye hogares, instituciones, cadenas productivas e instalaciones estratégicas como hospitales y sistemas de agua potable; con la encomienda presidencial de mantener las tarifas bajas conforme a los intereses de la Nación y en beneficio de los usuarios finales.
Para ello es necesario sacar a la empresa productiva del círculo vicioso de inequidad que le impuso la Reforma Energética, al ponerla a competir en el Mercado Eléctrico Nacional en condiciones asimétricas; criterios de despacho, con costos simulados que no reflejan el costo unitario y real de la generación; subsidios y políticas de dumping en favor de los privados; un trato inequitativo en las emisiones de Certificados de Energías Limpias; contratos no rentables, que representan una enorme carga para la hacienda pública; y la creación de un régimen de auto abasto, que derivó en un mercado paralelo y disfrazado que atenta contra la libre competencia, al arrebatarle el 15 por ciento de clientes del mercado a la CFE.
El entramado de privilegios a favor de los privados se ha traducido en un impacto por más de 412 mil millones a la hacienda pública, por los contratos onerosos y con precios crecientes de productores independientes; como producto de estas condiciones de inequidad, la CFE ha acumulado una deuda de 50 mil millones de dólares en obras PIDIREGAS y gasoductos por las que deberá pagar en 25 años 200 mil millones de dólares.
El dictamen avalado, de ninguna manera implica una concesión de trato preferencial a la CFE, lo que plantea es recuperar la función rectora y de planeación del Estado en un área estratégica como la eléctrica; la cual será votada en el Pleno de la Cámara de Diputados el próximo martes 23; donde por encima de todo se hará valer los intereses de México.
POR MANUEL RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
DIPUTADO FEDERAL/ PDTE. DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA
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