Fueron aproximadamente 22 horas de debate, en el que intervinieron más de 80 ponentes en el Parlamento Abierto sobre la iniciativa presidencial para reformar la Ley de la Industria Eléctrica.
Durante las dos jornadas de trabajo organizadas por la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, participaron académicos, servidores públicos, investigadores, exservidores públicos, cámaras empresariales, consultores, ciudadanos en general, así como legisladores de todas las fracciones parlamentarias.
Sobresalió la intervención del equipo de funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), cuyas exposiciones sirvieron como punto de arranque para el análisis de la iniciativa, al exponer con datos duros y objetivos elementos de carácter constitucional, económico, fiscal, presupuestal y sobre todo al colocar a la seguridad energética como el centro del debate.
Es decir, las reformas no afectan a los proyectos de energías renovables, ni tampoco trasgreden los compromisos internacionales contra el calentamiento global.
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La iniciativa enviada con carácter de preferente por el presidente Andrés Manuel López Obrador es antimonopólica al plantear la necesidad de construir un piso parejo para todas las empresas generadores de energía en México; para ello, es necesario quitarle a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) la camisa de fuerza que le fue impuesta a partir de la Reforma Energética, con el objetivo de ponerla a competir en condiciones inequitativas con los privados.
El planteamiento presidencial es claro y categórico: que la CFE deje de ser un distribuidor de subsidios a los generadores privados; que anualmente va de los 90 mil millones a los 120 mil millones; cantidad exorbitante que pagamos los contribuyentes y consumidores.
Reyes Hernández, director general de CFEnergía y CFE Internacional, durante su intervención en el Parlamento Abierto, explicó que con la iniciativa se garantizará la confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad del Sistema Eléctrico Nacional; y se brindará piso parejo a todos sus participantes.
Desmenuzó las prácticas desleales de comercio y las restricciones a las que es sometida la CFE; así como las condiciones asimétricas de competencia y criterios de despacho basados en costos marginales; y la imposibilidad de emitir Certificados de Energías Limpias.
En el apartado de subsidio de costos de inversión creciente en beneficio de las privadas, el funcionario las dividió en tres: tarifas de transmisión; inversiones en redes de transmisión para que las plantas eólicas y solares puedan despachar su producción; y el respaldo del Sistema Eléctrico Nacional por parte de la CFE, ya que las privadas al ser intermitentes no pueden garantizarlo.
A manera de conclusión, Reyes Hernández destacó que, el daño actual a la CFE por estas condiciones inequitativas asciende a 412 mil 410 millones de pesos.
La iniciativa presidencial urge a no seguir postergando una transformación en el sector eléctrico, que permita prestar a los usuarios un servicio de calidad con tarifas económicas, y sobre todo, garantizar la seguridad energética y con ello la seguridad nacional de México.
POR MANUEL RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
DIPUTADO FEDERAL/ PDTE. DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA
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