En junio de 2020, la diputada del PAN, Laura Rojas, entonces presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, interpuso una controversia constitucional en contra de un Acuerdo del presidente López Obrador para regular la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública.
En aquel entonces, quienes integrábamos la mayoría parlamentaria rechazamos públicamente ese acto de claros tintes partidistas con que se pretendió imponer la postura de las minorías. La actuación de la diputada Rojas fue unilateral y arbitraria, pues abusando de sus facultades pasó por encima de la voluntad de la mayoría con el respaldo de una minoría opositora que defendió su decisión argumentando que quien ocupa la presidencia de la Mesa Directiva tiene la facultad de promover controversias sin necesidad de la aprobación del Pleno.
La SCJN consideró que, en efecto, la facultad de el o la presidenta de la Cámara de Diputados para interponer controversias constitucionales no está sujeta a la aprobación del Pleno. Por eso, resulta pintoresco que habiendo defendido la actuación de Laura Rojas, ahora la minoría opositora pretenda condenar que el actual presidente de la Mesa Directiva, el diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna, presentará una controversia constitucional en contra de la draconiana decisión del INE de posponer la revocación de mandato.
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Una incongruencia más de la oposición que exhibe su calaña y su falta de estatura política. La gran diferencia es que, en contraste con Laura Rojas, la actuación del diputado Gutiérrez Luna sí cuenta con el respaldo de la mayoría parlamentaria, quienes estamos convencidos de que la determinación del INE claramente viola la Constitución y la ley aprobada por nosotros.
A la par de esta nueva controversia constitucional, el diputado Gutiérrez Luna interpuso una denuncia penal en contra de los seis consejeros del INE que votaron a favor de suspender la revocación de mandato, por hechos que podrían constituir coalición de servidores públicos y, en su caso, otros delitos que resulten.
Y es que la actuación del INE en contra de la Cuarta Transformación ha sido manifiesta desde que los consejeros emprendieron su “cruzada” para evitar reducirse sus estratosféricos sueldos, poniendo como pretexto una malentendida autonomía que, como bien apunta el diputado Gutiérrez Luna, utilizan reiteradamente como patente de corso para actuar de manera facciosa y contraria a la ley.
Quienes verdaderamente vulneran la autonomía del INE son sus propios consejeros cada vez que actúan tendenciosamente en contra de la Cuarta Transformación, haciéndole el juego a la oposición. Imponer posturas minoritarias por encima de la voluntad de la mayoría es un acto ilegítimo y antidemocrático; utilizar los canales legales con el respaldo de la mayoría para defender la ley y denunciar hechos probablemente constitutivos de delito es un acto legítimo y democrático.
BENJAMÍN ROBLES MONTOYA
DIPUTADO DEL PT
@BENJAMINROBLESM
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