Miguel Meza, consultor en litigio estratégico, solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigar al candidato a la alcaldía de Monterrey, Adrián de la Garza, por operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido como lavado de dinero.
Meza acudió a las instalaciones de la UIF en la colonia Belén de las Flores, donde detalló que la petición es para que se indague también a Roque Yáñez, ex secretario de Desarrollo Urbano del gobierno de Monterrey.
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“Lo que denunciamos es el lavado de dinero, el hecho de que (De la Garza) obtuvo dinero de fuentes ilícitas y luego lo metió al sistema financiero a través de la compra de propiedades”, señaló Meza.
De la Garza, dijo, mientras era procurador y alcalde de Monterrey, tuvo ingresos como servidor público por 12 millones de pesos y adquirió propiedades por 30 millones.
“Además de esto hizo una sociedad con el que era su secretario de Desarrollo Urbano, que además ya fue denunciado ante esta misma Unidad de Inteligencia Financiera por tener un sistema de cobro de moches a los ciudadanos.
“Se captaron dos videos en su administración donde reciben sobornos su director de Control Urbano, dentro de las oficinas del municipio. ¿Por qué grababan estos videos? Porque le rendían cuentas al secretario de Desarrollo Urbano de cuánto dinero se recibía para que no se robara los moches, entonces, el mismo que estaba al centro del sistema de cobre de moches hizo una empresa con Adrián de la Garza, que es una empresa inmobiliaria además cuyos permisos eran aprobados por el mismo secretario de Desarrollo Urbano”, detalló.
Meza aseguró que entregó a la UIF 10 escrituras públicas que acreditan las propiedades que adquirió De la Garza a nombre propio, entre estas, una mansión en ocho millones de pesos en el municipio de Santiago.
“Además de eso son otros 10 inmuebles que estuvo comprando mientras era presidente municipal de Monterrey y que no estaban justificadas con sus ingresos como servidor público”, dijo.
Detalló que una vez que la UIF investigue espera que esta presente una denuncia ante la Fiscalía General de la República.