Ana Lucía Hill, secretaria de Gobernación estatal, ofreció una conferencia de prensa en la que reveló la apertura de una investigación de oficio por las protestas realizadas el 8 de marzo en el estado de Puebla.
Dejó claro que el gobierno del estado ejercerá su derecho de que se finquen responsabilidades contra los autores materiales y los autores intelectuales de los destrozos cometidos durante las protestas para visibilizar la violencia de género.
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Respecto a las personas que se han identificado como incitadoras, la funcionario aseguró que las primeras investigaciones detectaron como presuntas responsables a algunas trabajadoras de Puebla capital, entidad que encabeza Claudia Rivera Vivanco.
“Tenemos identificadas a algunas personas que algunos de ustedes dan cuenta en sus redes sociales. Trabajan en el municipio de la capital del estado. Se seguirán las investigaciones de oficio y el levantamiento de pruebas ya se lleva a cabo”, dijo.
Denunciaron penalmente daño a inmuebles
El gobierno del estado denunció penalmente a las mujeres que prendieron fuego a la puerta del Congreso, dañaron los inmuebles de la Fiscalía General del Estado, vandalizaron paraderos de la Red de Transporte Articulado y los edificios de algunos partidos políticos.
Al ser cuestionada sobre a quiénes se ha identificado como incitadores de los destrozos, la funcionaria aseguró que las primeras indagatorias detectaron como posibles responsables a trabajadoras de Puebla capital, donde la alcaldesa es Claudia Rivera Vivanco. Tanto la presidenta municipal como el gobernador Miguel Barbosa son militantes de Morena.
El gobierno del estado reparará todos los daños
Respecto al tema, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, también mencionó que tiene información sobre servidoras públicas del ayuntamiento que incitaron estas acciones. También informó que su gobierno reparará todos los daños, a pesar de que la responsabilidad recae en el Ayuntamiento.
Barbosa Huerta instruyó a la Secretaría de Infraestructura para reunirse con los titulares del Congreso, Fiscalía, edificios públicos, Arquidiócesis, comercios y el INAH para realizar un inventario y establecer los recursos que se destinarán para la reparación.
Respecto a las denuncias, la información será enviada a la Fiscalía General para que la autoridad ministerial tome la decisión correspondiente a lo que el mandatario describió como nivel máximo de violencia.
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