La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), difundió un comunicado la noche del jueves 28 para precisar su postura y la de los familiares del joven veracruzano, José Eduardo Ravelo Echavarría, quien fue detenido por la policía de Mérida, Yucatán y días después se informó que perdió la vida, en un halo de confusión, ya que de acuerdo con la madre de José Eduardo, el muchacho fue vejado sexualmente y torturado, mientras estuvo dentro de los separos.
Por estos hechos, la madre del joven, acudió a denunciar ante la Fiscalía General de la República (FGR), por dichos actos, sin embargo, el día de hoy (jueves 28 de octubre) la dependencia concluyó que el joven no fue torturado ni sufrió abuso por parte de los policías municipales que lo detuvieron, ni tampoco una violación a sus derechos humanos.
La dependencia federal indicó que el resultado de la investigación se generó tras la exhumación del cadáver y la necropsia correspondiente. En cuanto a las lesiones señaló que fueron causadas por las "maniobras de sujeción de una persona que se resiste al arresto y que tardan en sanar menos de 15 días; no poniendo en peligro la vida”.
Con la presentación de dichos argumentos por parte de la Fiscalía, la CEAV señaló lo siguiente a través de un escrito en redes sociales:
Ante la información presentada el día de hoy por la Fiscalía General de la República (FGR) sobre el caso de José Eduardo Ravelo y en nuestro carácter de representantes de la familia, manifestamos lo siguiente:
Expresamos nuestro extrañamiento ante las declaraciones conclusivas hechas por la Fiscalía sobre el caso, ya que la investigación se encuentra en una fase preliminar no conclusiva.
Reclamamos la falta de sensibilidad en la forma en la que, sin previo aviso a la familia, la Fiscalía General de la República da a conocer las conclusiones de su investigación. La familia de José Eduardo, al igual que cualquier persona que se acerca a una fiscalía en busca de justicia, merece un trato digno y prioritario en el acceso a la información sobre su caso.
A su vez, exhortamos a la Fiscalía a enunciar qué acciones penales va a realizar en contra la Fiscalía General del Estado de Yucatán por la probable alteración de evidencias por parte de los funcionarios ministeriales.
Tanto la tortura, como la alteración de evidencias, constituyen delitos, impiden el esclarecimiento de los hechos y son obstáculos para el acceso a la justicia de las víctimas que deben ser erradicadas de manera definitiva.
Fiscalía mantiene investigación contra tres servidores
De acuerdo con los primeros informes sobre este caso, el joven llegó a la península de Yucatán en busca de una oportunidad laboral, pero al parecer "sospechoso" fue pretexto suficiente para que policías lo detuvieran en el parque de San Juan, en la capital del estado.
Algunos medios locales indicaron que cuando su madre, María Ravelo, llegó a la capital yucateca, tras haber hablado con su hijo, ya era tarde, pues perdió la vida el 3 de agosto en el hospital.
Por estos hechos, Fiscalía General del Estado (FGE), determinó separar de sus cargos a los implicados en este suceso, ya que si bien la FGR señaló que no se cometieron actos de tortura o violación, si hubo omisiones y falsedades en los dictámenes periciales, por lo que se ejercerá acción penal en contra de tres servidores públicos de la Fiscalía de Yucatán.
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