El pasado 21 de julio de este 2021 la policía de Mérida, Yucatán, detuvo a José Eduardo Ravelo Echavarría y días después se dio a conocer que perdió la vida. Desde entonces, su madre comenzó una lucha incansable para denunciar los hechos: acusó que agentes lo habrían provocado, no sin antes haberlo torturado y abusado sexualmente de él.
De acuerdo con los primeros informes, el joven llegó a la península en busca de una oportunidad laboral, pero el parecer "sospechoso" fue suficiente para que lo detuvieran en el parque de San Juan, en la capital del estado. Algunos medios locales indicaron que cuando su madre, María Ravelo, llegó a la capital yucateca, tras haber hablado con su hijo, ya era tarde, pues perdió la vida el 3 de agosto en el hospital.
En redes sociales circuló un video donde Doña María llegó hasta las puertas de Palacio de Gobierno de Yucatán, con el ataúd de José Eduardo, para exigir justicia y castigo a los responsables. Ante medios de comunicación, su hermano aseguró que al joven "lo molieron por dentro" a causa de los golpes.
El pasado 18 de agosto del año en curso, doña María acudió a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) para denunciar los hechos con lo que de inmediato se abrió la carpeta de investigación por la probable comisión del delito de tortura.
¿Cuál fue la postura de las autoridades?
A través de un comunicado de prensa, el Ayuntamiento de Mérida indicó que puso a disposición de la Fiscalía General del Estado toda la información disponible para que se realizaran las investigaciones correspondientes y que se pudieran esclarecer los hechos.
"Hasta la culminación de la investigación, la Policía Municipal continuará colaborando plenamente con las autoridades competentes para esclarecer estos hechos", indicó a través de su cuenta de Twitter.
La FGR determina que José Eduardo no fue torturado ni violado
La tarde de este jueves, la FGR informó que el joven José Eduardo Ravelo Echavarría no fue víctima de tortura ni de violación y su muerte fue ocasionada por neumonía no relacionada con algún traumatismo recibido durante su detención. Además, se determinó, a través de periciales en medicina, la situación de salud de la víctima, lo cual se omitió por respeto.
La dependencia federal indicó que el resultado de la investigación derivó tras la exhumación del cadáver y la necropsia correspondiente. En cuanto a las lesiones indicó que fueron causadas por las "maniobras de sujeción de una persona que se resiste al arresto y que tardan en sanar menos de 15 días; no poniendo en peligro la vida”, indicó a través de un comunicado.
En cuanto a las investigaciones de los hechos agregó que se realizaron más de 50 testimoniales, 45 periciales de diversas materias (medicina forense, química, genética, mecánica de lesiones, criminalística, audio y video, e informática, entre otros); más de 35 informes de Policía Federal Ministerial (PFM), y tres inspecciones ministeriales.
De igual manera indicó que fueron analizados los videos desde el momento de su detención, hasta su llegada a la cárcel (11 minutos). Asimismo se analizaron los de su estancia en la cárcel (24 horas). "En ese sentido la FGR sostuvo que del análisis de todos los videos, no se advierte violación a los derechos humanos o comisión de algún delito. Sólo se advierten maniobras de sujeción respecto de la persona que se resiste al arresto".
La FGR dice que existió falsedad en los dictámenes ministeriales
En la misiva, la dependencia indicó que sí existió falsedad en dictámenes ministeriales. Por ello, el 18 de octubre se ejercitó la facultad de atracción, sobre las conductas presuntamente responsables de personal de la Fiscalía General del Estado de Yucatán que además, presionaron ilícitamente a testigos, con la finalidad de ejercitar acción penal en contra de policías municipales.
"Actualmente, se está en proceso de judicialización, para ejercer acción penal en contra de tres servidores públicos de la Fiscalía General del Estado de Yucatán", mencionó la FGR, quien indicó que continúa con las investigaciones respecto a la posible negligencia médica, por parte de médicos responsables del Hospital General del Estado.
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