Sin contrato ni prestaciones, Cecilia laboraba como trabajadora del hogar en Morelia, Michoacán, con un sueldo de 300 pesos semanales.
Madre de familia, de 46 años, ella forma parte de las estadísticas de mujeres a quienes la pandemia por COVID-19 dejó
sin empleo. Su esposo tampoco tiene trabajo, y deben cuidar a sus hijos, uno de ellos con una discapacidad cognitiva.
Al igual que Cecilia, Marisol, con cinco hijos, y Emma, quienes también perdieron su empleo, junto con las organizaciones Renace y Nosotrxs, promovieron un juicio de amparo en el que reclaman de autoridades de Michoacán y del ámbito federal, la omisión de implementar estrategias que les garanticen un ingreso mínimo vital de emergencia por el COVID-19. “Yo espero que me apoyen porque la he visto muy difícil”, señaló Cecilia en entrevista con El Heraldo de México.
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Carlos Escobedo, abogado de Nosotrxs, aseguró que la jueza primero de Distrito en Michoacán concedió una suspensión definitiva que ordena a la Delegación en la entidad de la Secretaría de Bienestar que las mujeres sean inscritas en el programa más idóneo, y señala opciones como el Programa para el Bienestar de las Personas en Emergencia Social o Natural. En su resolución (en el caso de Cecilia), la impartidora de justicia precisó que desde que concedió la suspensión provisional, ordenó girar oficio a la Secretaría de Bienestar para que ésta informara si los afectados son candidatos a ese programa social y al de personas con discapacidad, solicitud que la dependencia no atendió en ese momento, señaló Escobedo.
El litigante dijo buscar un apoyo de tres mil 700 pesos mensuales para estas mujeres que perdieron su fuente de ingresos desde hace meses.
“Que, por medio del programa legalmente estatuido y vigente, sea garantizado el derecho al mínimo vital de la parte quejosa; ello con el objetivo de que puedan contar con alimentación suficiente y digna, en lo que se decide sobre la constitucionalidad del acto reclamado”, indicó por su parte la jueza.
Escobedo detalló que, en días pasados, la Delegación en Michoacán de la Secretaría de Bienestar federal entregó un informe a la jueza en el que asegura que se giraron instrucciones para que una instancia visite a las mujeres para que llenen un formato y las den de alta en algún programa social.
Además, dijo el abogado de Nosotrxs, el gobernador de la entidad, a través de la Consejería Jurídica local, impugnó la decisión de la jueza. El Heraldo de México buscó a la Secretaría de Bienestar, pero el área de Comunicación Social señaló que no se puede dar información sobre el tema porque se dirime ante las instancias legales correspondientes.
Desde marzo pasado, organizaciones solicitaron la creación de un ingreso mínimo vital de emergencia para los que perdieron su empleo.
Por Diana Martínez