El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TSJA) resolvió el sobreseimiento de la demanda de la empresa Altos Hornos de México en contra de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), por lo cual, la parte actora, seguirá en la lista de personas morales con cuentas bancarias bloqueadas.
Como se recordará a inicios del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, el gobierno y Pemex a cargo del entonces director Emilio Lozoya, decidió comprar Altos Hornos de México la empresa Agro Nitrogenados, y también adquirir Grupo Fertinal.
Sin embargo, tras la investigación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se concluyó que a compra realizada por 475 millones de dólares era un fraude “una chatarra” inoperable y, que incluso, se descubrió que había mal manejo del dinero ligadas a empresas offshore (paraísos fiscales) y a la constructora brasileña Odebrecht, la cual se especializó en sobornar a políticos.
Por tal motivo y con la finalidad de prevenir posibles delitos con recursos de procedencia ilícita el 27 de mayo de 2017, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas bancarias de Altos Hornos de México por un periodo de 10 años.
Así este 16 de noviembre, la sala superior del TFJA en el juicio 3574/19-05014/1697/21-PL040604 resolvió rechazar la impugnación de tres actos administrativos por parte de Altos Hornos de México en contra de la UIF y resolvió por unanimidad mantener bloqueadas las cuentas bancarias de la empresa de acero.
Al respecto el magistrado Juan Manuel Jiménez Illescas, reveló que la empresa impugnó la decisión de bloqueo de cuentas bancarias, por considerar que se le notificó de manera extemporánea; sin embargo, reveló que no procedía su petición para que se considerara ilegal la notificación, pues la empresa tenía conocimiento de la resolución que se bloquearían sus cuentas.
Por tal motivo la UIF decidió que no procedía eliminar a Altos Hornos de México de la lista de personas con cuentas bancarias bloqueadas, por tal motivo, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa concluyó que “la citada resolución conserva su presunción de legalidad”.
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