El 1 de abril, día en el que comenzó su campaña a la alcaldía de Celaya, Gisela Gaytán en conferencia de prensa dijo que ya se le había solicitado al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Instituto Nacional del Estado de Guanajuato (IEEG) que se le garantizara seguridad en el proceso electoral. Horas después la candidata fue baleada en las calles de San Miguel Octopan.
El caso de Gisela es simplemente un recordatorio de una problemática de nuestro proceso democrático. Este incidente subraya no solo la vulnerabilidad de quienes aspiran a servir a sus comunidades, sino también la ineficiencia de los mecanismos de protección existentes para los candidatos.
Créditos: Gisela Gaytán
Son ya varias las elecciones en donde primeras planas se inundan de noticias en las que se habla de las agresiones que sufren estos. Uno pensaría que a esta altura ya habría mecanismos eficientes para enfrentar la violencia, pero este proceso electoral demuestra que aún falta mucho por hacer.
El problema no solo es la falta de protección, sino con las autoridades que en lugar de colaborar y buscar soluciones concretas, toman una postura cómoda y se limitan a culparse mutuamente. La realidad es que todos son responsables de esto: los partidos, el ejecutivo local, estatal y federal. Han perpetuado un sistema que ha normalizado la violencia y que permite que el crimen organizado influya en la política al grado de decidir quiénes pueden aspirar a cargos públicos y quiénes no.
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El crimen no distingue colores políticos, poniendo en riesgo a candidatos y representantes de todos los partidos. Es importante que todos unan fuerzas más allá de las diferencias ideológicas para garantizar la integridad y la seguridad de nuestro proceso democrático.
La repercusión de esta violencia se extiende más allá de los candidatos mismos. Son familiares, colaboradores y simpatizantes que todos los días reciben amenazas, ataques e intimidaciones. En estados como Michoacán, las repercusiones han llegado a los mismos aspirantes, quienes, por el miedo a la delincuencia se han retirado de sus campañas.
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En otros casos las repercusiones han llegado a los mismos votantes, como se observó en la comunidad de Apaseo el Grande en Guanajuato, en donde el 2021 la participación electoral cayó del 50% al 39% tras el asesinato de políticos locales . Las cifras de candidatos desaparecidos y asesinados suelen cambiar dependiendo la fuente. El tema es que estas son cifras que no deberían ni contabilizarse para empezar.
Es muy fácil ponerlo en números porque nos hace olvidar que todas estas cifras fueron personas. Personas que buscaban ser candidatas con el sueño de cambiar su municipio, estado y país. Personas con familias, amigos y pasatiempos. Personas como tú y yo. Dicen que no hay democracia en este país porque matan a candidatos. Pero esa es solamente la expresión más visible de esto.
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No la hay porque en este país también matan a periodistas; no la hay porque en este país también matan a activistas; no la hay porque en este país son miles las familias que buscan a sus desaparecidos; no la hay porque en este país te matan sin importar quién eres. El asesinato a candidatos es solamente uno de los muchos síntomas que tiene podrido a nuestro sistema, un sistema que parece jamás saldrá de la violencia.
Por:
Santiago Rodríguez Fábrega
Economía y Ciencia Política
Instituto Tecnológico Autónomo de México
VR