El vínculo que se desarrolla con papá y mamá es fundamental cuando somos niñas, niños y adolescentes, ellos son quienes primordialmente nos dan cuidado, crianza, cariño e identidad. Sin embargo, ¿qué pasa con ese vínculo cuando se pone en duda la paternidad?
El pasado mes de julio, el Poder Judicial de la Ciudad de México publicó el comunicado No. 93/2024. A través de este, se informó que, de acuerdo con la Jueza Juana Érika Ordóñez Salazar, la niñez tiene derecho a mantener su nombre y apellidos luego de un juicio de desconocimiento de paternidad, a fin de garantizar su derecho a la identidad. Según la Jueza, aunque se demuestre que no existe el vínculo biológico, no se puede privar a niñas y niños de su identidad, teniendo derecho a conservar su nombre tal cual aparece en el acta de nacimiento.
Así, para los adultos cuestionar la paternidad significa un conflicto que puede resultar en situaciones como dejar de pagar una pensión alimenticia. Mientras que, para las niñas y niños involucrados puede tener efectos más profundos para el desarrollo de su vida y el ejercicio de sus derechos que es importante visibilizar.
El juicio por desconocimiento de paternidad es aquel que busca desvirtuar el vínculo biológico padre-hijo(a) que se presume en el acta de nacimiento, y que puede derivar en la emisión de una nueva acta que solo contenga el nombre de la madre y de los abuelos maternos.
Sobre este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que en estos juicios al cuestionarse el vínculo biológico padre-hijo(a), es la niñez quien principalmente se ve afectada. A diferencia de un juicio en el que se reconoce la paternidad, cuyo efecto es establecer un vínculo, el desconocimiento de la paternidad tiene como resultado la disolución de este, sin involucrar el conocimiento del origen biológico.
Estos planteamientos resaltan la importancia de proteger el derecho fundamental a preservar la identidad de niñas, niños y adolescentes, reconocido en diversos instrumentos como la Convención sobre los Derechos del Niño, el artículo 4° de nuestra Constitución y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Debemos visibilizar que la construcción de la identidad va más allá de contar con un nombre. El entorno en que niñas y niños se desarrollan, las personas con las que se relacionan y las experiencias que viven, en parte determinan quienes son.
En consecuencia, cuando niñas y niños, se enfrentan a procesos judiciales como lo es el de desconocimiento de paternidad, lidian con situaciones emocionales difíciles que afectan su bienestar y desarrollo.
Se hace evidente que los efectos de este tipo de juicios van más allá de la modificación de un nombre o del pago de alimentos. Detrás de cada procedimiento hay niñas y niños que pueden ver afectado su sentido de pertenencia, pues implica no sólo la pérdida de una figura parental, sino también de su identidad.
Es crucial enfatizar que no se trata de expedientes ni de asuntos de carácter judicial, sino de personas que por su carácter de niña, niño o adolescente se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad.
Por ello, es que interpretaciones como la establecida por la Jueza Ordóñez Salazar, determinan medidas necesarias para proveer, a niñas y niños que se enfrentan a estos procesos, las condiciones suficientes para su desarrollo integral, considerando su bienestar emocional y proporcionando un entorno seguro y estable.
Corresponde a madres, padres, cuidadores, juzgadores y toda persona involucrada garantizar a través de una protección reforzada, el bienestar de niñas, niños y adolescentes, velando por que sea el interés superior de la niñez el principio rector en todas las decisiones que los involucra.
Sandra Espinosa Rizo
Abogada del área de Asuntos Públicos de Early Institute.
sespinosa@earlyinstitute.org
RAMG