PARA QUE LA Reforma Judicial aterrice lo menos radical posible, la ministra Norma Piña tendría que renunciar, ya, a la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Acto seguido, los ministros que conforman el Pleno tendrían que ungir a un nuevo Presidente o Presidenta que, en representación del Poder Judicial, dialogue y procese con el Ejecutivo y el Legislativo la reforma.
No es ya un pleito entre Piña y Andrés Manuel López Obrador: es un enfrentamiento entre instituciones que no va cambiar mientras la Ministra Presidenta, que ya no tiene interlocución, se aferre al puesto.
Piña se está mal asesorando por tres que, nos dicen, están en su cuarto de guerra: el ministro Jorge Mario Pardo, el ministro en retiro José Ramón Cossío y el activista Claudio X. González Guajardo.
Con su presencia no hay otra manera de que se abran los espacios para que esa iniciativa transite como desearían los miles de jueces, magistrados y empleados del aparato judicial que hoy están en vilo.
También los inversionistas que ven con incertidumbre la apuesta en el país y a los futuros que evalúan meter dinero a México: a ellos el secretario de Hacienda les fue a asegurar que la reforma radical no pasará.
La semana pasada, con el inicio de los diálogos, se vieron varias señales. Las dos principales: el mensaje de Claudia Sheinbaum que en Londres dejó a los fondos financieros Rogelio Ramírez de la O.
Y la del propio López Obrador, que no se opone a que el relevo de los integrantes del Poder Judicial sea gradual, como lo pidió la mayoría de los ministros en sus respectivos posicionamientos del jueves.
Es en este entorno que la ministra Piña debe dar un paso adelante, presentando su renuncia a fin darse una salida decorosa frente a un Poder Judicial dividido y una salida al propio enfrentamiento con la 4T.
La mayoría de los ministros aparecen atrincherados: cosa de ver que llegaron juntos a la cita en la Cámara de Diputados, salvo las ministras Margarita Ríos-Farjat, Yasmín Esquivel y Lenia Batres.
Piña, Javier Laynez, Loretta Ortiz, Alberto Pérez Dayán, Juan Luis González Alcántara, Luis María Aguilar, Pardo y Alfredo Gutiérrez Ortiz-Mena comieron juntos el jueves en la Corte antes de partir a su cita.
Sin embargo, entre ellos mismos se empieza a extender la idea de abrir espacio a un nuevo interlocutor para distensar la relación de la Suprema Corte y el inquilino de Palacio Nacional y la 4T.
Los posibles para procesar la aprobación de una reforma como la que adelantó Ramírez de la O en Londres a los inversionistas, administrar las salidas escalonadas que no vio mal AMLO y operar las elecciones en unos nueve meses, son dos.
Ortiz-Mena, de los moderados y con cercanía a Arturo Zaldívar, y por paridad de género, Esquivel Mossa, aunque su principal negativo es traer a cuestas la controversia personal de su titulación.
LA FISCALÍA GENERAL de la República, que comanda Alejandro Gertz Manero, determinó que existen elementos suficientes para comenzar un juicio en contra de Pablo Andrei Zamudio Díaz, ex funcionario del Poder Judicial de la Federación (PJF) y reciente empresario inmobiliario.
La judicialización deriva de falsedades que afirmó en la demanda de amparo del juicio 222/2022, a través del cual consiguió que el Tercer Tribunal Colegiado del 27 Circuito de Cancún, le concediera una suspensión para paralizar la obra del Hotel Grand Hyatt Cancún Beach Resort. De este caso ya le hemos platicado. Se trata de la propiedad de Grupo Diestra, del hotelero español Constantino Díaz, cuya construcción está detenida desde hace más de un año, ocasionando la pérdida de más de mil empleos y una inversión de 100 millones de dólares. La obra cuenta desde hace tiempo con 100% de permisos, autorizaciones y manifestación de impacto ambiental.
A raíz de este caso, la cadena estadounidense que preside Mark Hoplamazian y diversos grupos empresariales se han cuestionado seriamente la vigencia del estado de derecho en México y la certeza de sus inversiones. El despacho Katz y Gudiño, de Ilan Katz, está defendiendo los intereses de Diestra. Zamudio se ha aprovechado de la red que tejió dentro del PJF mientras fue funcionario público, donde trabajó del 2009 al 2016. Su esposa y varios amigos cercanos siguen trabajando en el PJF. El cargo público que ocupó le ha permitido saber cómo torcer la ley en su favor para enriquecerse, atacando empresas con procesos enredados y lentos. Su esposa funge hoy como secretaria en el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en la CDMX. Fue magistrada suplente en uno de los tribunales colegiados que recientemente falló en favor de Zamudio en el caso Hyatt. ¿Casualidad?
TAL CUAL SE lo adelantamos en la víspera, la Presidenta electa confirmó los nombramientos de Luz Elena González y de Raquel Buenrostro como las próximas secretarias de Energía y de la Función Pública, respectivamente. La primera viene a comprobar lo que apuntamos, en el sentido de que Claudia Sheinbaum y el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, tomarán el control del sector energético. La primera poniendo por delante su formación y conocimientos técnicos como científica con nociones en materia energética, y el segundo apuntalando la parte financiera.
Luz Elena será la operadora de ambos y asumirá una auténtica presidencia de los consejos de administración de la CFE y Pemex, a diferencia de Andrés Manuel López Obrador que designó a Manuel Bartlett y a Octavio Romero e hicieron lo que quisieron, pasando por encima de una secretaria de Energía cuya chamba en cinco años fue construir una refinería que aún no opera: Rocío Nahle. Entretanto Raquel será ahora la zar anticorrupción que se espera que así como ferozmente persiguió a los grandes evasores y outsourceros desde el SAT, ahora persiga con la misma intensidad y enjundia a los funcionarios corruptos de este gobierno que está finalizando.
EN ESTA COLUMNA revelamos hace tiempo el nombre de quien cerraba todos los negocios relevantes en la CFE: la señora Julia Abdala, pareja del director, Manuel Bartlett. Son decenas de testimonios de primerísimo nivel que coinciden en el modus operandi: una vez licitado, aprobado, presupuestado y palomeado un proyecto, incluso aquellos que ameritaban ir al Consejo de Administración, había una “aduana final” que debía sortearse, y que era el “si” definitivo.
Proyectos de plantas de ciclo combinado, líneas de transmisión, compra de carbón, combustóleo, y todo lo que pueda imaginarse, pasaban por la “última aduana” de la CFE. Digilogics y JAL Consultoría Especializada pueden ser lugares interesantes para empezar a investigar por las próximas secretarias de Energía, Luz Elena González, y de la Función Pública, Raquel Buenrostro, amén de todos los proyectos que pasaron por aquellas manos, sin dejar rastro documental.
PRONTA EJECUCIÓN ES a la que se enfrenta el operador español Codere en los próximos días, derivado de una sentencia definitiva que los condenó al cumplimiento forzoso de un contrato celebrado con un proveedor y al pago de daños y perjuicios por la injustificada terminación anticipada de éste.
Ya le decíamos que el monto del reclamo podría superar los 500 millones de pesos. Una consecuencia de dicha ejecución inminente sería el embargo de la caja de las salas de apuestas, así como la suspensión del reparto de dividendos a los accionistas de la empresa que preside Gonzaga Higuero y dirige aquí Rodrigo González Calvillo, hasta en tanto haga el pago al proveedor.
POR DARÍO CELIS ESTRADA
COLABORADOR
@DARIOCELISE
EEZ