Del año 2003 a lo que va de 2024, la sociedad ha sido activa al conocer y utilizar las funciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Prueba de ello son los 116 mil 833 recursos de revisión o quejas que las personas han ingresado al Instituto.
Este número representa a todas las personas que, de primera instancia, no recibieron la información que solicitaron a una institución pública (como una secretaría federal, un partido político nacional, un sindicato, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Senado de la República) o cuya privacidad fue vulnerada.
El incremento en el número de inconformidades ciudadanas a lo largo del tiempo creció desde que llegó este derecho a cristalizarse en Ley. Al respecto, es notable cómo la ciudadanía se apropia cada vez más de las herramientas de transparencia y las utiliza.
En 2003, cuando nació el entonces Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), la sociedad interpuso 632 medios de impugnación; en 2013 ese número creció a 5 mil 922, es decir, 9 veces más. Cabe aclarar que la protección de datos personales se sumó a las responsabilidades de este Instituto hasta 2012, y fue en 2014 que se logró la reforma constitucional que posibilitó el nacimiento del INAI como órgano autónomo.
Si comparamos los datos de 2003 con los de 2022 vemos que, en materia de acceso a la información, el incremento de medios de impugnación es de 35 veces. 2022 fue un año histórico, pues se alcanzaron los 24 mil 939 recursos interpuestos. En lo que va de 2024 se contabilizan 10 mil 685 de estos recursos que equivale a 6 por ciento más respecto al mismo periodo del 2023.
Las solicitudes de información a autoridades —hechas a través de la Plataforma Nacional de Transparencia— también van en aumento. En 2003 se realizaron 22 mil 903; 20 años después, en 2023, ese número ascendió a un millón 131 mil 41. En total, desde 2003 a la fecha, se han realizado 9 millones 702 mil 201 solicitudes de información a los 7 mil 264 sujetos obligados en todo el país.
El jueves pasado conocimos que la maestra Raquel Buenrostro será la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) a partir de octubre, cuando entre en funciones el nuevo gobierno. Por su experiencia profesional y su probada capacidad técnica, sin duda son buenas noticias en la lucha contra la corrupción.
Ante la reforma constitucional que pretende desaparecer al INAI y transferir sus funciones a la SFP, estoy abierta al diálogo; siempre he sido una mujer de apertura, prueba de ello es que le he apostado desde hace 3 años a una reingeniería del INAI.
Los datos presentados en esta columna son argumentos claros de por qué el propio gobierno no debe ser “juez y parte” en la protección de los derechos a conocer la información pública y a la protección de datos personales.
Al contrario, se debe defender la autonomía y fortalecer la colaboración interinstitucional en pro de las libertades ciudadanas.
POR JULIETA DEL RÍO
COMISIONADA DEL INAI
@JULIETDELRIO
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