El pasado 5 de febrero, el presidente de la República envió a la Cámara de Diputados varias iniciativas, entre ellas, una que pretende modificar el Poder Judicial, tanto en su estructura, como en la forma de designar a buena parte de sus integrantes.
Cinco comentarios al respecto:
Primero. —En la iniciativa hay dos propuestas nodales; por una parte, se busca separar la función jurisdiccional de las tareas administrativas y, por la otra, seleccionar a los juzgadores con una aparente participación directa de los ciudadanos.
En la iniciativa queda claro que la voluntad popular, en su caso, no se va a expresar en plenitud, pues el supuesto voto sólo se ejercería sobre una lista de aspirantes que, en mayor medida, serán propuestos por políticos y partidos.
Segundo. —La propuesta para la selección de juzgadores no tiene un símil en el mundo. Hay dos casos con algunos elementos de coincidencia, y por cierto, uno fracasó y el otro tiene severas críticas. Así las cosas, en un país como el nuestro, con más de 120 millones de habitantes y una economía con bastos nexos internacionales y catalogada por su tamaño como la número 12 del mundo, se pretende ensayar con algo inédito e inacabado en su concepción.
La iniciativa deja muchas dudas y temores técnicos. Siendo constitucional, no fue acompañada con los proyectos de leyes secundarias. Lo que genera más incertidumbre y preocupación. Es fácil percibir que el autor guarda un evidente resentimiento contra la ciencia del derecho y un desconocimiento de la tradición jurídica mexicana y en particular del sistema de protección de derechos humanos.
Tercero. —La propuesta que se va a discutir no tiene relación efectiva con la mejora de la justicia en el país. Una justicia expedita y efectiva es imposible si consideramos las condicionantes negativas que se viven en México y en particular en las entidades federativas.
No hay suficientes jueces, sobre todo en lo local. También es insuficiente el número de ministerios públicos. Al mismo tiempo, la cultura de lo legal y de la legalidad se encuentra muy distante de lo óptimo. Es común que las personas viajen cientos de kilómetros para exigir justicia, que no tengan auxilio legal o que los juzgadores, en especial los locales, no cuenten con los elementos para realizar su función.
Cuarto. —Parece que los autores de la iniciativa desconocen que la formación y selección de los jueces y magistrados federales es producto de procesos de gran rigor y estricta calidad. También, pasan por alto que la discrecionalidad del juzgador es relativa, pues están sujetos a protocolos, criterios obligatorios, tesis, jurisprudencias y tratados internacionales. Por lo tanto, no puede hacer y deshacer como dice la propaganda oficial.
Quinto. —México tiene un gran sistema de protección de derechos humanos, el cual no ha visto aún su mejor momento. Los políticos, tal vez por ignorancia, no hemos logrado los consensos para otorgar con suficiencia los recursos que se requieren para que florezca la justicia; por cierto, tampoco comprendemos a cabalidad la complejidad del mandato que se contiene en el artículo primero de la constitución y por eso proliferan las críticas mediáticas e infundadas a las sentencias.
Esta semana de nuevo iniciaremos foros para escuchar a las voces doctas, guardo la esperanza de que las razones se impongan a las emociones.
POR RUBÉN MOREIRA VALDEZ
COORDINADOR DEL PRI EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS
@RUBENMOREIRAVDZ
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