El presidente de la República presentó el 5 de febrero una iniciativa de reforma al Poder Judicial, enmarcada en un paquete de cambios constitucionales (que exige discusión aparte), con el objetivo de abordar la falta de independencia y el distanciamiento entre la sociedad y las autoridades judiciales y, en consecuencia, la falta de legitimidad en sus decisiones.
Uno de los componentes más destacados de la propuesta es la elección de ministros, magistrados y jueces por voto popular concurrente en las elecciones federales, cada 3 años, en un proceso que se antoja más un galimatías que la solución a un problema. Este proceso de elección, que incluiría candidaturas propuestas por la Presidencia, el Senado y el Poder Judicial, es el aspecto que ha captado la mayor atención pública, aunque no es el único tema relevante en la iniciativa.
La reforma también plantea reducir el número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 11 a 9, con encargos de 12 años, eliminando la resolución de asuntos por salas. Además, propone desaparecer el Consejo de la Judicatura y crear dos nuevos órganos: uno de administración y otro de disciplina judicial. Asimismo, se establecen plazos específicos para la resolución de conflictos, y se replicaría este sistema en las constituciones de las entidades federativas.
Otro aspecto de la iniciativa es que establece que los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no podrán recibir una remuneración superior a la del presidente de la República. Esta medida deja en evidencia posibles motivaciones políticas detrás de la reforma, lo que ha generado controversia y críticas sobre la verdadera intención de los cambios propuestos.
En conclusión, aunque sí es necesario revisar el funcionamiento del Poder Judicial y, en general, de todo el aparato de justicia en el país, la discusión debe ubicarse en el fondo de los problemas, con la premisa en garantizar la independencia judicial y la imparcialidad, en beneficio de la ciudadanía.
Los espacios de discusión pública que han sido convocados deben servir para promover una reforma que permita a los jueces del país impartir justicia sin influencias políticas, ascender con base en sus méritos, y rendir cuentas de manera transparente, en un sistema de fácil acceso y resolución oportuna de casos para toda la ciudadanía. Con eso se gana la legitimidad ante la sociedad.
Asimismo, en estos espacios debe escucharse, con seriedad, las voces y planteamientos de la academia, colegios y asociaciones profesionales. Para este efecto, es indispensable la lectura del análisis de la iniciativa de reformas constitucionales, que prepararon el Laboratorio de Impacto del Estado de Derecho de la Universidad de Stanford, la organización Diálogo Interamericano y la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C.
Lo encuentra en https://law.stanford.edu/wp-content/uploads/2024/05/ES_Informe-Mexico_Independencia-Judicial.pdf
POR CARLOS A. ROCHÍN ÁLVAREZ
PRESIDENTE DEL CAPÍTULO BAJA CALIFORNIA SUR DE LA BMA
@CARLOS_ROCHIN
MAAZ