Se habla de la reforma judicial como si ya fuera un hecho que Morena y aliados obtendrán mayoría calificada en la próxima legislatura del Congreso de la Unión. Serán las autoridades electorales las que definan la composición parlamentaria, y hay elementos para suponer que otorgar una mayoría calificada a estos partidos implicaría sobrerrepresentarlos, violentando así el espíritu de lo establecido en la Constitución y en la legislación electoral.
Pero más allá de cómo se conformará el Congreso y, por lo tanto, de si será posible llevar a cabo la reforma judicial, vale la pena reflexionar acerca de uno de los puntos más polémicos de la propuesta, que es la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros.
La independencia judicial es fundamental para un sistema judicial justo y equitativo. Si los jueces deben competir en elecciones, pueden sentirse presionados a tomar decisiones que agraden a los votantes o a los grupos de interés que financian sus campañas, en lugar de basarse en la ley y los hechos del caso. Habría muchísimas zonas del país en donde el crimen organizado pondría jueces a modo.
Por otro lado, la selección de jueces debe basarse en sus calificaciones, experiencia y mérito, no en su capacidad para hacer campaña o en su popularidad. Además, las elecciones pueden llevar a la politización del poder judicial: los jueces pueden sentirse obligados a alinearse con ciertos partidos políticos para ganar votos, lo que puede comprometer su imparcialidad.
Un sistema judicial elegido por voto universal puede resultar en cambios frecuentes y abruptos en la jurisprudencia y en la interpretación de la ley, lo que puede socavar la consistencia y la estabilidad legal necesarias para un sistema judicial efectivo y confiable.
La experiencia comparada, indispensable a la hora de legislar, ha demostrado que no es una buena idea elegir jueces, magistrados y ministros por voto popular. Ahí está el caso de Bolivia, en donde todos los argumentos anteriores se hicieron realidad y hoy el sistema judicial está profundamente corrompido.
Hay espacios que por su propia naturaleza no pueden ser democráticos, uno de ellos es el ámbito judicial. La legitimidad de un impartidor de justicia no proviene del voto popular, sino de su capacidad, preparación y probidad.
Es evidente que hay muchas cosas que mejorar en el sistema judicial. Hay cambios profundos que deben hacerse también en las Fiscalías para garantizar una persecución del delito sin motivaciones políticas. Pero la reforma propuesta parece ser un despropósito que nos llevaría hacia un poder judicial débil y corrupto. Esta falta de seguridad jurídica desalentaría las inversiones y traería pérdida de competitividad, crisis económicas y pauperización.
POR FERNANDO RODRÍGUEZ DOVAL
POLITÓLOGO
@FERDOVAL
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