Todos estamos concentrados, como durante los últimos seis años en la narrativa y como el presidente marca la única agenda nacional, ahora con la mal llamada reforma judicial, la que nos hacen creer los medios de comunicación y los líderes de opinión nos llevará al colapso como país. No es una reforma judicial. Es una reforma electoral. No nos llevará a ningún lado donde no estemos ya. El poder judicial actual es burocrático, incompetente, tardado, no imparte justicia pronta, expedita e imparcial, busca siempre la forma de desechar el reclamo, de no admitir a trámite, y cuando sí aplica su jurisdicción, lo hace mal, de malas, indolente y sin estudio, es más, la mayoría de las veces parece no entender ni el caso que se le plantea, o evidencia claros intereses políticos y económicos en sus fallos. Sin embargo, no estamos concentrados en lo importante, la ilegal e inconstitucional sobrerrepresentación.
Esta cuestión ha sido analizada por expertos en materia electoral, quienes han expuesto que Morena y sus aliados no deben estar sobrerepresentados ni alcanzar la mayoría calificada. Ese debería ser el enfoque de la discusión pública hoy y dejar de rasgarnos las vestiduras defendiendo ideales y no realidades como nuestro poder judicial.
Ciro Murayama, El exconsejero electoral señaló que el espíritu de la reforma de 1996, que limitó la sobrerrepresentación a un 8 por ciento del voto de un partido político, impediría una representación de 20 puntos como la que obtendría la coalición gubernamental en la Cámara de Diputados. A pesar de estos argumentos, y sumando que no tenemos un tribunal Electoral fuerte e independiente, digno inferior jerárquico de la Corte que tanto defendemos, sí; esa Corte que vence pero no convence, la que integra e interpreta de acuerdo a intereses inconfesables la Constitución, la que se contradice en criterios al igual que sus tribunales colegiados de manera abrumadora, no anulará la sobrerrepresentación otorgada provisionalmente a la coalición gubernamental.
La ecuación es simple, la ilegalidad radica en otorgar el 74 o 75 por ciento de los escaños y curules a una alianza que obtuvo solo el 54 por ciento de los votos. Eso ya de suyo viola el espíritu de la ley electoral de 1996, diseñada para impedir que el PRI mantuviera mayorías calificadas en el Congreso.
La reforma de 1996 se implementó con la intención de aplicar esta limitación a las coaliciones. El artículo 54 de la Constitución, en su párrafo V, establece: "En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida". Sin embargo, el artículo 60 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), y en el caso que nos ocupa, a la coalición le serán asignados el número de senadores y diputados por el principio de representación proporcional que le correspondan, como si se tratara de un solo partido.
Aunque la Constitución no ha sido reformada en ese sentido, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales de 2014 omitió las coaliciones. En su artículo 15 señala: "En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida". Los partidos del gobierno suman 20 puntos de sobrerrepresentación, pero entre los tres. Existe unna tesis del Tribunal Electoral, la LII/2002, que indica que los legisladores de representación proporcional "se deben asignar por cada partido político o coalición". No obstante, esta tesis se basaba en la legislación vigente en aquel entonces y no considera las reformas de 2007 y 2014. ¿Es esto un abuso legaloide? Sí.
La reforma de 1996 permitió el inicio de la única era de alternancia en el poder en la historia reciente de México, al limitar los excesos del PRI que ahora repite con maestría Morena. Este ha sido el único periodo en el que hemos vivido una democracia, imperfecta, pero democracia al fin. Sin embargo, este abuso, es legaloide, la ley se debe interpretar siempre de acuerdo al espiritú del legislador, no a la convenencia. No veo posibilidad de que el actual Tribunal Electoral, compuesto por solo cinco magistrados, tres de los cuales son claramente afines a Morena, dicte un fallo basado en el "espíritu de la ley" de 1996. El abuso se sustenta en una ley mal hecha como tantas en México, pero estoy seguro de que el Tribunal Electoral justificará su decisión argumentando que "la ley es la ley", olvidando lo que sostiene el presidente, cuando dice: “Que no me vengan que la ley es la ley”, aquí en México la ley es la ley cuando conviene, cuando no conviene, entonces defendemos la superioridad de la justicia sobre la ley.
Lo importante es que la discusión pública se enfoque en la sobrerrepresentación y no en la mal llamada reforma judicial. La consolidación de poder de Morena mediante la manipulación de la representación legislativa es un problema real y tangible, amenaza la esencia de nuestra surreal democracia. La sobrerrepresentación de Morena y sus aliados en el Congreso no solo es una violación al espíritu de las reformas de 1996, sino también la clara fragilidad de nuestras instituciones democráticas. En México, seguimos debatiendo, como a lo largo de seis años, lo que nos dicen que debatamos, perdiéndonos en cortinas de humo, comiendo de la mano del gran simulador de palacio, perdiendo de vista el problema real, inmediato y tangible de la sobrerrepresentación. La democracia mexicana, imperfecta y en terapia intensiva, solo tiene una forma de sobrevivir; transparencia y respeto a los principios democráticos fundamentales. Solo así podremos asegurar que nuestra democracia se mantenga robusta y representativa, resistiendo los embates de aquellos que buscan consolidar el poder a expensas del equilibrio y la justicia electoral.
POR JOSÉ LAFONTAINE HAMUI
ABOGADO
@JOSE_LAFONTAINE
PAL