Los radicales dicen que la Reforma Judicial que impulsa la Cuarta Transformación solo es para quitarle poder a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin embargo, “solo ven el árbol y no todo el bosque”, como reza la frase popular. El objetivo es eliminar la corrupción y la ineficiencia del sistema jurídico mexicano.
Recientemente, organismos especializados en derecho ya han aceptado que es necesario actualizar las funciones y responsabilidades de los impartidores de justicia con base en la nueva realidad del México actual, porque es notoria la relación entre el poder judicial con el poder económico.
Y es que por muchos años, estos dos poderes, uno constitucional y otro fáctico, se han venido acercando al grado de incurrir cada vez más en posibles hechos de corrupción por obtener resoluciones favorables.
Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador comienza a hablar de una reforma a la actuación del Poder Judicial por hechos de corrupción, se comienza a difundir la idea de que es una invasión a la esfera judicial para detener cualquier cambio que se quiera realizar a este sistema.
La relación entre el poder económico con el judicial se remonta a varios sexenios atrás, cuando los grandes hombres de negocios obtenían mejores resoluciones judiciales, mientras que la gente que no tiene recursos se queda en prisión por muchos años debido a que sus asuntos no son de relevancia económica para los impartidores de justicia.
Empero, en casos donde intervienen los grandes capitales, la justicia se vuelve rápida, expedita y fácil, cómo fue la devolución del dinero malogrado de Genaro García Luna a su esposa. Las facilidades a Emilio Lozoya para seguir un proceso desde su domicilio. Y el caso de Rosario Robles.
Si los involucrados fueran mexicanos sin recursos, ahora seguirían todos tras las rejas y con procesos muy tardados. De esta forma, la reforma judicial desea hacer eficiente la justicia, y no sólo para los casos relevantes o cuyos involucrados tengan dinero para acelerar o manipular los procesos y las resoluciones.
Los juzgadores no deben ser selectivos. Si existe dinero de por medio, los juicios son abreviados y con muchos fallos a favor de los acusados quienes logran pagar a abogados muy caros. Mientras que los que no tienen dinero se quedan por muchos años en la lista de espera de los tribunales.
Para acabar, es muy importante mencionar que la reforma judicial busca transformar al Consejo de la Judicatura Federal en un ente plenamente independiente con el fin de que investigue y someta a procesos a los juzgadores que actúen de forma irregular.
Y no como es hoy en día que la presidenta de la Suprema Corte también preside la Judicatura, con lo que es juez y parte al mismo tiempo.
La doctora Claudia Sheinbaum se comprometió a dar a conocer una serie de encuestas para saber el sentir de la población sobre esta reforma al sistema jurídico mexicano. Y de paso, se realizarán parlamentos abiertos y mesas de debate para conocer las ideas del pequeño grupo de opositores que enarbolan ideas de que la elección de los 11 ministros, 910 magistrados y 737 jueces sería para supeditarlos al Ejecutivo Federal o al crimen organizado.
La realidad es que, se puede anticipar el resultado de la encuesta, basta ver la reacción del pueblo cuando se habla de cambiar al poder judicial, la pregunta es: si basta con la democracia o el mandato del pueblo para hacerlo y si lo esencial está en la elección popular de estos cargos; la respuesta es: sí.
POR ARTURO ÁVILA ANAYA
ANALISTA POLÍTICO, EXPERTO EN SEGURIDAD NACIONAL HARVARD
@ARTUROAVILA_MX
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