Decíamos en colaboración anterior que, si no contamos con una oferta de vivienda suficiente, accesible en precio, habitable por sus características y con acceso adecuado a los satisfactores urbanos básicos (en materia de salud, educación, abasto, recreación, fuentes de empleo y movilidad segura), no será posible lograr el aterrizaje deseable de inversiones propiciadas por la relocalización de industria y servicios ya bien conocida como nearshoring. No, al menos, en un contexto de desarrollo urbano y social armonioso, digno y seguro.
Bien podemos decir ahora que, sin suelo, de calidad (libre de riesgos y de afectaciones ambientales, igual que por su composición geológica), segura jurídicamente, accesible en precio y con la potencialidad del uso habitacional, no puede haber vivienda adecuada, menos aún la vivienda económica y popular que demandan quienes menos ganan.
Junto con los costos derivados de materiales de construcción y mano de obra, del financiamiento, los ocasionados por tramitología y la construcción de infraestructura de cabecera, resulta que el precio y la existencia misma de suelo urbano ha venido a ser el factor más escaso y caro del ecosistema de la vivienda en México.
Tenemos además que se viene presentando una gran paradoja, en el sentido de que el fuerte incremento de la demanda de suelo para usos productivos (incluida la agroindustria exportadora) está compitiendo desventajosamente con la industria desarrolladora (el caso de Ciudad Juárez es ya crítico), de modo que la producción de vivienda social tiende a extinguirse.
Para enfrentar esta seria restricción en el marcado, el Infonavit ha hecho grandes esfuerzos por mejorar la capacidad de crédito y del lado de la oferta, está financiando más de sesenta instrumentos de planeación del desarrollo urbano, sujetos a varias condicionantes: que se trate de ciudades en que existe una elevada demanda de derechohabiencia insatisfecha, que se registren ahí proyectos de inversión productiva y, sobre todo, que sean municipios donde los ayuntamientos se comprometan a facilitar y abaratar la permisología para el desarrollo de reservas territoriales calificadas para uso habitacional, que aporten suelo municipal para la edificación de vivienda social o que garanticen estímulos fiscales significativos.
El Sector de los Trabajadores que integra esta institución tripartita ha propuesto por su parte, que nuestro Instituto intervenga estratégicamente el mercado inmobiliario, haciendo valer su peso en el sector hipotecario, mediante la adquisición y constitución de reservas territoriales estratégicas, para su habilitación técnica y administrativa y su ulterior desarrollo por empresas de la más alta calificación, mediante reglas que aseguren la transparencia y rentabilidad social de los proyectos.
Proponemos, además, en el documento de visión El Infonavit que Queremos las y los Trabajadores, otras acciones de refuncionalización del parque inmobiliario abandonado y de redensificación de suelo intraurbano. Pero estamos convencidos de que todas estas medidas deben estar organizadas en un Gran Pacto Nacional por la Vivienda Obrera y Social que incluya una verdadera reforma urbana, al que sólo puede convocar el Gobierno de la República que se inaugurará el 1º de octubre próximo.
POR MTRO. MARIO MACÍAS ROBLES
DIRECTOR SECTORIAL DE LOS TRABAJADORES DEL INFONAVIT
@MARIOMACIASROBL_
EEZ