Existe un segmento del empresariado evidenciado como depredador e inescrupuloso al poner en riesgo la salud y el bienestar emocional, así como el derecho al entretenimiento de miles de jóvenes en legítima búsqueda de un esparcimiento menos accesible para quienes menos tienen.
La intervención eficiente de la comunidad, autoridades y empresarios es necesaria para posibilitar el derecho juvenil a la fiesta bajo condiciones de seguridad y dentro del marco legal sin consumo de bebidas adulteradas o sustancias adictivas ilegales.
La clausura del bar “El Perro Salado”, en la colonia Tránsito de la alcaldía Cuauhtémoc, es un ejemplo, no de lo realizable después de conocerse, sino del potencial de supervisión en decenas de lugares clandestinos cuya utilización sin seguridad ha ocasionado tragedias.
Según reportes de la Fiscalía General de Justicia, alrededor de 500 personas fueron sacadas del lugar con aforo para 250, donde vendían bebidas alcohólicas sin respetar la restricción para menores. ¿Debe reducirse la edad para permitir el consumo legal de alcohol, lo mismo que debería hacerse con la edad para la punibilidad? A ver quién lo responde.
El sitio referido, a 600 metros de la Escuela Preparatoria 7 y el CETIS 3, es frecuentado por jóvenes, quienes en redes sociales lo definen como uno de los "tres mejores antros para estudihambres" por los bajos costos de las bebidas. Y sí, la desigualdad trata distinto a la probabilidad de brincarse el marco normativo en función de la familia a la cual se pertenece.
Apenas una semana antes, las autoridades suspendieron el bar Black en el corredor Madero, en el Centro Histórico, donde hubo ocho menores intoxicados con alcohol, además de sobrecupo —más de 3 mil personas en un lugar con aforo para mil— en un evento llamado “VocaFest”.
La seguridad requiere autocuidado, solidaridad comunitaria y denuncia, adecuada gestión institucional del espacio público, así como responsabilidad inmobiliaria y empresarial.
La Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México define multas de 300 a 700 veces la Unidad de Cuenta (31 mil 122 a 72 mil 618 mil pesos); la Ley General de Salud penaliza con 7 a 15 años de prisión a quien induzca o propicie en menores el consumo de sustancias con efectos psicotrópicos; la Ley de Protección a los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes responsabiliza a las personas adultas del cuidado de menores ante conductas de riesgo a su salud, y el Código Penal tipifica la corrupción de menores.
Todos deben cumplir la ley. “No es una cuestión solamente de violación a una norma administrativa, se pone en riesgo la integridad física y hasta la vida de jóvenes. Entonces ahí vamos a tener que tomar medidas rigurosas”, ha dicho el Jefe de Gobierno de la capital nacional, Martí Batres.
Reivindiquemos el derecho a la diversión segura, revisemos la ley y terminemos con las complicidades.
POR SALVADOR GUERRERO CHIPRÉS
PRESIDENTE DEL CONSEJO CIUDADANO DE LA CDMX
@GUERREROCHIPRES
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