En México, la población penitenciaria femenina se enfrenta a desafíos sistémicos que van desde la discriminación hasta la falta de acceso a servicios básicos, especialmente para aquellas mujeres que están embarazadas o son madres.
La dificultad de maternar en prisión refleja una profunda falla en el sistema penitenciario y la ausencia de políticas públicas adecuadas que aborden las necesidades específicas de estas mujeres, por ello, es fundamental analizar la magnitud del problema y proponer soluciones concretas para garantizar la maternidad y el desarrollo de la primera infancia que se desarrolla en las cárceles del país.
Según la estadística penitenciaria nacional de enero 2024, que emite el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, en México existen 13,297 mujeres privadas de la libertad en centros penitenciarios federales y estatales, esta cifra representa una parte significativa de la población carcelaria y subraya la necesidad de prestar atención a las condiciones específicas que enfrentan las mujeres en prisión.
Un dato preocupante es el porcentaje de mujeres embarazadas al ingresar a prisión, estimado entre el 2% y el 5% del total de mujeres privadas de libertad, esta situación plantea desafíos adicionales en términos de atención médica y condiciones de vida durante el embarazo, el parto y la crianza durante los primeros años.
Asimismo, no podemos ignorar a un gran número de mujeres en prisión que ya son madres, puesto que un 30% tienen hijos menores de 18 años, – estas cifras destacan aún más la importancia de considerar el impacto del encarcelamiento en la unidad familiar y el bienestar de los hijos e hijas de estas mujeres –.
Las mujeres embarazadas y madres en prisión enfrentan múltiples formas de discriminación y dificultades para acceder a servicios básicos, por ejemplo, uno de los problemas más urgentes es la atención médica y de calidad durante el embarazo, el parto y el posparto, ya que las mujeres no reciben la atención médica adecuada y ello pone en riesgo su salud y la de sus bebés, además, las condiciones de hacinamiento e insalubridad en las cárceles mexicanas representan un peligro adicional para presentar complicaciones médicas graves, incluyendo partos prematuros y bajo peso al nacer.
El sistema penitenciario tampoco brinda el apoyo necesario para la crianza de los hijos de las mujeres encarceladas, tanto durante su reclusión como tras su liberación, lo que dificulta que estas madres puedan criar a sus hijos de manera saludable y segura. Esta falta de programas de educación y cuidado infantil también impacta negativamente en los hijos, quienes enfrentan un mayor riesgo de problemas emocionales, sociales y educativos, afectando su desarrollo y su capacidad para alcanzar su máximo potencial en la vida.
Es importante, no dejar de lado esta fracción de la sociedad, que si bien se encuentran en espacios que como sociedad no vemos en el día a día, la falta de políticas públicas adecuadas para las mujeres embarazadas y madres en prisión tiene un costo significativo para la sociedad, pues la falta de acceso a servicios básicos, la violencia y la discriminación dentro de los centros penitenciarios contribuye a la perpetuación de ciclos de pobreza y marginalización y esto genera un impacto negativo en el desarrollo social y económico del país.
Ante esta situación alarmante, es evidente la necesidad de implementar políticas públicas específicas que aborden las necesidades de las mujeres embarazadas y madres en prisión, estas medidas deben garantizar el acceso a atención médica prenatal, parto y posparto de calidad, así como mejorar las condiciones de higiene y habitabilidad en las cárceles.
Además, es fundamental establecer mecanismos para prevenir y atender la violencia contra las mujeres en prisión, incluyendo la capacitación de personal penitenciario y la implementación de protocolos de respuesta adecuados a la maternidad.
También es necesario brindar apoyo para la crianza de los hijos de las mujeres en prisión, tanto dentro como fuera de las cárceles y esto incluye la implementación de programas de educación y cuidado infantil, así como la promoción de políticas que faciliten la reunificación familiar y la reintegración de las mujeres en la sociedad una vez que sean liberadas.
Finalmente, es crucial reformar el sistema penitenciario en su conjunto para que sea más humano, justo y efectivo para las madres y sus hijos, pero esto solo se logra dotando de “perspectiva de maternidad y niñez” a toda la legislación penitenciaria y capacitando al personal que trabaja en prisiones federales y estatales.
POR DAMARIS ESPINOSA HERNÁNDEZ
Abogada del área de Asuntos Públicos en Early Institute, especialista en Gobierno y Políticas Públicas
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