Inició la cuenta regresiva. Estamos a unas cuantas horas de dar paso a una de las jornadas electorales más competidas de los últimos días en México.
Después de 90 días de campaña, llegó el día D. Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez, se medirán para ver quién llega a Palacio Nacional.
Y otros miles de mexicanas y mexicanos contenderán por uno de los más de 20 mil cargos que estarán en juego este domingo. La fiesta por la democracia –le llaman algunos- nos obliga a cumplir con el compromiso cívico de acudir a las urnas.
Esa es la forma y el mecanismo que tenemos para elegir a nuestras autoridades, a las mujeres y hombres que conducirán el destino de nuestro país durante los próximos años.
Contamos con las instituciones y la arquitectura jurídica y legal para confiar en que los resultados serán respetados. Lo cierto, sin embargo, es que en muchos rincones del país la violencia se adueñó del proceso. No es un tema de seguridad, necesariamente.
Se trata de un fenómeno generado por actores políticos o sociales, por caciques o grupos vinculados con la delincuencia organizada.
Como la guerrilla en Colombia, esos agentes generadores de violencia se enquistaron en la política de nuestro país. Están mimetizados lo mismo en Michoacán que en Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Oaxaca y en algunas alcaldías de la CDMX.
No son especulaciones. Hay datos. Con el asesinato de Alfredo Cabrera, candidato a Coyuca de Benítez, Guerrero, cerraron las campañas con un saldo de 34 candidatos o aspirantes ejecutados.
Más aún. Derivado del clima de violencia, cancelaron la instalación de 168 casillas. La mayoría (88) en Michoacán. Otras en Oaxaca, Nuevo León, Nayarit y Colima.
Pero no son los únicos sitios en riesgo. Tan es así que 27 mil 245 elementos federales se sumaron a los trabajos de vigilancia en todo el territorio.
Aunque eso no es garantía de nada. El candidato asesinado en Coyuca contaba con protección y de nada le sirvió.
Lo mataron frente a decenas de personas.
Pero no podemos bajar la guardia. No es la única forma de resolver los conflictos políticos. Tenemos instituciones encargadas de dirimir las controversias antes, durante y después de las elecciones.
Por ejemplo, el Tribunal Electoral, que preside Mónica Soto, ha recibido 10 mil recursos en lo que va del proceso, de los cuales sólo 820 están pendientes de resolver.
En este organismo prevén que la cifra de juicios de inconformidad ronde los 20 mil. Pero aseguran que tienen la capacidad para resolverlos a pesar de que les faltan dos magistrados y habrá presiones de todas partes.
Les toca jugar el papel de árbitro. Están conscientes de que serán el foco de atención y sus resoluciones no favorecerán a todos.
Lo que garantizan en el Tribunal es preparación, experiencia y capacidad jurídica para resolver. Y si el resultado no gusta, eso ya no estará en su cancha determinar.
Alguien no estará conforme, pero de ahí a que lo tomen como pretexto para promover la violencia, no hay ninguna justificación.
Quienes entran al mundo de la política están obligados a respetar las reglas y los resultados. Siempre con la ley en la mano, nunca con la violencia.
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INICIÓ EL GOBIERNO DE DELFINA GÓMEZ una limpia en materia de corrupción. Y es que la subsecretaría de Control y Auditoría del Estado de México habría presentado denuncias contra funcionarios de la administración de Alfredo Del Mazo por los delitos de abuso de autoridad, enriquecimiento ilícito y fraude. Trascendió en las últimas horas que Alejandro Bulnes, alto funcionario de Finanzas, y varios de sus ex colaboradores estarían en la lista de los investigados.
En los próximos días se darán a conocer más carpetas y órdenes de aprehensión contra ex funcionarios.
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Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “La violencia política es la confesión de los que han perdido la batalla de las ideas”.
POR ALFREDO GONZÁLEZ CASTRO
ALFREDO.GONZALEZ@ELHERALDODEMEXICO.COM
@ALFREDOLEZ
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